Miguel Prieto, intendente reelecto de Ciudad del Este y amigo de políticos “anticorrupción” como Efraín Alegre y Kattya González, es un impune privilegiado, pasa desapercibido para los grandes medios de comunicación y en la Fiscalía no avanzan investigaciones pese a todas las evidencias de negociados en licitaciones covid de alimentos. La Contraloría incluso confirmó que no existen documentos que avalen entrega total de kits de alimentos a familias vulnerables de este municipio.
La compra pro bolsillo de los 25.000 kits alimenticios en Ciudad del Este, orquestada en plena pandemia, quedó constatada mediante una auditoría de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el intendente reelecto Miguel Prieto sigue zafando de la justicia y sigue impune, pese a que ya están por cumplirse dos años desde la apertura de la investigación.
A la fecha, el fiscal Juan Ledezma alega que sigue analizando las documentaciones remitidas por instituciones como la Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esta dilatada investigación no arrojó siquiera una imputación y el reelecto Miguel Prieto sigue sin responder por la licitación de G. 2.949 millones que direccionó a favor del pequeño autoservicio Tía Chela.
Quedó confirmado que Prieto adjudicó casi G. 3.000 millones en compra covid de alimentos a la pequeña despensa Tía Chela, sin que el negocio cuente con la capacidad financiera ni el stock requerido. Dicho por la madre de Fermín Ávalos, dueño del quiosco, éste tuvo que “prestar plata” para asumir el contrato
Vulneraron normas de Contrataciones Públicas al punto de completar lista de invitados con el papá de Ávalos y una amiga de Prieto que en ese momento se acababa de ganar un jugoso contrato también de provisión de alimentos, que luego fue anulado por irregularidades. Fabricaron facturas en el intento de respaldar stock de mercaderías. Aparecieron un sinfín de facturas de compras con una cadena interminable de intermediarios que lo único que hizo fue reforzar la teoría de que el proveedor no contaba con las mercaderías.
Tributación proveyó todos los papeles, de cómo se surtía Tía Chela, justificando compras hasta de firmas dedicadas al rubro de la construcción. Entre ellas, Vanemi, un negocio del rubro inmobiliario como intermediario y no hay que olvidar que este comercio también fue utilizado en otra licitación covid, en la que Prieto compró alimentos de un humilde constructor de pozo artesiano. Todos parientes entre sí.
Para el coronario de irregularidades, la Contraloría señala después de una auditoría que no existen notas de remisión que avalen la entrega total de los 25.000 kits de alimentos, tal como se estipulaba en la invitación a los potenciales oferentes. Existen además un rosario de denuncias totalmente en conocimiento del Ministerio público, como el caso de la compra de la clínica móvil, licitación en la que inventaron invitaciones a grandes concesionarias, sin embargo, no existe acuse de recibos. Posible falsificación de documentos, también en el freezer. Las veces que consultamos al fiscal Ledezma éste se limitó a responder que llevará todavía tiempo su investigación, pese a que en marzo se cumple dos años de “pesquisa”, pero la extrema lentitud del Ministerio Público, en este caso, no conmueve a los políticos de la oposición que fungen de perseguir la mafia y la corrupción.
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