La Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC, por sus siglas en inglés) rastreó de forma clandestina 33 millones de teléfonos de sus ciudadanos durante la primera etapa de la pandemia para “evaluar la capacidad de respuesta del público durante las medidas de cierres», reconoció el ente según Blacklock’s Reporter.
La publicación señala que la institución compró datos de ubicación y desplazamiento al gigante de telecomunicaciones canadiense Telus para «comprender los posibles vínculos entre el movimiento de poblaciones dentro de Canadá y la propagación del COVID-19».
Con una población que asciende a 38 millones de habitantes, significa que el gobierno federal rastreó en secreto al 86 % de los canadienses.
Pruebas de todos lados
“Están llegando pruebas de muchas fuentes, de países de todo el mundo del aumento de la vigilancia de la pandemia”, señala David Lyon, autor de “Pandemic Surveillance” y exdirector del Centro de Estudios de Vigilancia de la Queen’s University en Ontario, en el National Post.
Y todo indica que la organización de salud pública planea continuar rastreando el movimiento de la población durante los próximos cinco años para controlar «otras enfermedades infecciosas, la prevención de enfermedades crónicas y la salud mental», dijo una fuente de PHAC.
Una tendencia global
Este espionaje que practica Canadá también se extiende a otros 25 países. Un estudio elaborado por The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, detectó que siete de ellos lo hacen a través de un software especial suministrado por la empresa búlgara Circles que está fusionada con la compañía israelí NSO Group.
En esa categoría están México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. Las demás naciones que figuran en el listado son Dinamarca, Bélgica, Serbia, Estonia, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Botsuana, Kenia, Zambia, Zimbabue, Estonia, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y Australia.
La tendencia hacia mayor fiscalización mantiene vigente el informe de Freedom House que atribuye a la pandemia una exacerbación de 14 años en la disminución consecutiva de la libertad al afirmar que “la democracia no solo se ha debilitado en 80 países, sino que el problema es particularmente agudo en las democracias en lucha y los estados altamente represivos porque los entornos que ya tenían débiles salvaguardias contra el abuso de poder son los que más sufren”.
En sus proyecciones “es probable que la crisis de gobernabilidad democrática, que comenzó mucho antes de la pandemia, continúe después de que la crisis de salud retroceda porque las leyes y normas que se están implementando ahora serán difíciles de revertir”.
Aprovechamiento extendido
Para Amnistía Internacional (AI), la pandemia normaliza medidas autoritarias como muestra de un “desprecio absoluto por los derechos humanos”. En Europa, por ejemplo, resaltan las acciones del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, quien reformó el Código Penal para introducir penas de hasta cinco años de prisión por divulgar “información falsa” sobre el coronavirus. Asimismo, critica que al régimen chino de Xi Jinping no ha cesado en su persecución contra el pueblo uigur y otras minorías musulmanas, mientras que Hong Kong aprobó una “abusiva” ley de seguridad nacional para “legitimar la represión por motivos políticos”.
De esa forma, el autoritarismo, un modelo que parecía en decadencia a finales del siglo XX, ahora se expande. Ya solo 8,4 % de la población global vive en democracias plenas y la tecnología, que se creía un motor de libertad, es utilizada para hacer más efectivo el control de las sociedades.
Así, la valiente resistencia que ofrecen ciudadanos en teocracias árabes o frente a populismos latinoamericanos, en lugares desde Rangún a Managua, resulta insignificante y corre el riesgo de transformarse en resignación.
Que Catar, un emirato absolutista en Oriente Medio fuera premiado con la organización de la Copa del Mundo de Fútbol 2022, a pesar de las nulas garantías democráticas que ofrece el país, habla sobre la indiferencia ante el abuso que ya reporta al menos 6500 obreros inmigrantes muertos en la construcción de las instalaciones deportivas, según una investigación de The Guardian.
Parece que la alternativa es un mundo más injusto, arbitrario, conflictivo e inestable, donde las libertades básicas se convierten poco a poco en un privilegio de minorías y la geopolítica depende de un puñado de sátrapas impredecibles.
Gabriela Moreno – Panampost
