Tras una larga sesión que excedió las 11 horas y concluyendo aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del día martes 22, concluyó sin consecuencias, la interpelación a los Ministros Luis Alberto Heber (M. del Interior) y Francisco Bustillo (M. de Relaciones Exteriores). Habían sido convocados por el senador Mario Bergara, del opositor Frente Amplio (FA), con apoyo de toda la cámara.
Interpelados por otorgar un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset hoy prófugo, sospechado de estar involucrado en el asesinato del fiscal paraguayo Pecci, en Colombia. La coalición de gobierno respaldó a ministros y el Frente Amplio (oposición) pidió que den un «paso al costado».
La Cámara de Senadores aprobó la moción de declaración que la bancada de legisladores de la coalición realizó sobre la interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. En el documento, los senadores de los partidos Nacional (PN), Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) concordaron en que las explicaciones aportadas por los ministros fueron “absolutamente satisfactorias”.
“En todo momento [los ministros] actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos”, fundamentaron los senadores en el documento. Esclarecieron su actuación y demostraron que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa”. La normativa a la que se hace referencia es el decreto 129/2014, aprobado durante el gobierno del frenteamplista José Mujica. Desde el gobierno de coalición se justificó que esta norma prácticamente ataba de manos a las autoridades e impedía hacer otra cosa que no fuera la expedición del pasaporte
Con antecedentes vinculados al narcotráfico y sospechoso de haber encargado dos asesinatos, incluido el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo pasado, Marset está prófugo desde que en octubre de 2021. Salió de Dubái, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa.
El narcotraficante de 31 años fue finalmente liberado en Dubái luego de que el gobierno uruguayo le expidiera un pasaporte a distancia.
El gobierno alegó y probó con documentos oficiales exhibidos en el Senado, que en octubre pasado Marset no tenía pedido de captura por parte de Interpol ni causas abiertas en Uruguay. La coalición oficialista señala como responsable indirecto del hecho al gobierno de José Mujica (FA, 2010-2015), ya que en 2014 la administración frenteamplista flexibilizó en un decreto las condiciones para pedir un pasaporte desde el exterior. Desde entonces, al solicitante solo se le exige no tener antecedentes judiciales o causas abiertas en Uruguay, algo que Marset cumplía.
«¿Por qué se saca un requerimiento del decreto de 2014?, ¿a quién se quiere proteger?», dijo en referencia al decreto de entrega de pasaportes que se modificó en la administración de José Mujica.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó la modificación del decreto para la entrega de pasaportes, bajo la administración de José Mujica, que remarcó, fue lo que permitió entregar el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora prófugo y con una alerta roja de Interpol a cuestas.
«si hubiera estado vigente el decreto de 1993 no se podía dar el pasaporte a Marset», producto de que estaba preso al momento de su solicitud, por contar con pasaporte falso. En ese sentido, planteó que se dio «producto de que está vigente el de 2014 (decreto 129/014), que no exige antecedentes en el país donde se está solicitando».
«Hemos dicho muy claramente que nos hemos encontrado que las disposiciones establecidas en el decreto del 2014, del presidente Mujica, lleva a que los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplado la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior. Solamente son causas abiertas en nuestro país», dijo.
Insistió, además, que ante los cuestionamientos de la opinión pública de que se le «dio un pasaporte a un narco», debe preguntarse: «¿Quién hizo la legislación? El decreto de 2014. ¿Quién firmó ese decreto? El presidente Mujica».
El ministro subrayó que esta consideración no se trata de un «contraataque» hacia la oposición, sino que se trata de cuestionar el cambio, «cuando antes se pedía antecedentes en nuestro país y en el exterior», en alusión a la norma de 1993. «Se saca extrañamente este requisito que para mí es fundamental (…) que era una costumbre en el Uruguay».
«Si yo fuera la oposición ahora, e invirtiera los roles, ¿por qué le voy a reclamar ahora al gobierno que cumpla lo que yo escribí?», señaló en referencia al cambio normativo en 2014. «En todo caso, tendría que explicar por qué lo escribí y cuáles fueron las razones, que llevó a que actuara como actuamos», añadió.
Incluso, dio un paso más, y aseguró que si estuviera ahora en la oposición buscaría el «sentido positivo», de señalar «me equivoqué, fue un error, vamos a arreglarlo, a cambiarlo». «Me parece bastante indignante que se le pudo haber dado a Marset el pasaporte. Esa misma indignación es la que tiene la gente», dijo el ministro, quien consideró que «hay una explicación» que es «jurídicamente válida».
Por otro lado, el ministro fue consultado si no se podía evitar darle el pasaporte a Marset. Sostuvo que «había otra instancia, que existe en nuestra legislación, que es la posibilidad de dar un pasaporte para no indocumentar a una persona uruguaya en el exterior, que es un pasaporte de un viaje. Es simplemente para poder volver a su país».
Ante la consulta de por qué no se fue por ese camino, retrucó que «no se solicitó por ese camino», y porque el decreto de 2014 «claramente habilitaba a Marset a poder sacar el pasaporte de forma permanente». «Si hubiera habido una revisión del decreto, hubiéramos advertido esta falta de requerimiento que eran justamente los antecedentes en el exterior, modificados en 2014», remarcó Heber esta mañana.
Tal como han insistido las autoridades de Gobierno, Heber afirmó que se están «ultimando detalles, hace tiempo, desde que sucedió esto, para modificar el decreto». Esto con el objetivo de que «volver a la instancia en donde se le requieran antecedentes, causas abiertas en nuestro país y también antecedentes en el país donde se está solicitando el pasaporte».
Además, Heber cuestionó que «sabiendo que puede ser uno de los ideólogos de la muerte del fiscal paraguayo, Colombia no haya subido un requerimiento en Interpol, con línea roja o azul, que es de alguna manera la posibilidad de tener requerimiento para investigación».
Sostuvo que es «raro» y «extraño» que «Interpol Colombia no haya subido el requerimiento, cuando hay pruebas». «A no ser que no haya elementos como para hacer un requerimiento a nivel internacional, y simplemente sea un trascendido de prensa. No lo sabemos».
«Si tenemos pruebas acá en Uruguay de algún delito a nivel internacional, lo primero que hacemos por vía de Interpol es ponerle alerta roja, y avisar a Interpol a nivel mundial de que está requerido», señaló el secretario de Estado.
Desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (padre del actual presidente Lacalle Pou) regía un decreto que establecía la revisión de antecedentes penales nacionales e internacionales a la hora de otorgar un pasaporte a un uruguayo que lo solicitaba en el exterior.
Ese decreto se derogó en el año 2014, en pleno gobierno de José Mujica, que dejó estipulado la revisión únicamente de antecedentes penales en Uruguay.
Fuentes de ambas ministros interpelados, informaron que un nuevo decreto está avanzado, antes de llegar a Presidencia donde deberá firmarlo el presidente Luis Lacalle Pou para que quede operativo y no puedan repetirse este tipo de situaciones.
El Senado uruguayo en forma unánime, consideró éste asunto como sensible para todos los uruguayos, no acostumbrados a éste tipo de noticias relacionadas al narcotráfico, y que debe ser abordado de manera frontal y contundente en el Uruguay.
Marset había sido acusado días atrás por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como responsable del asesinato del fiscal Pecci, quien fue ultimado por sicarios el 10 de mayo en una playa de Colombia.
La justicia colombiana condenó a 23 años de cárcel a cuatro asesinos confesos detenidos por el crimen, pero aún no determinó quiénes fueron los autores intelectuales del homicidio.
Según un artículo del portal Rebelion.org compartido por Petro en Twitter, las primeras hipótesis «apuntan contra el clan Insfrán, red de tráfico de cocaína comandada por Miguel Ángel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera».
Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.
