23 de abril de 1991, en la hermosa ciudad colombiana de Cartagena de Indias, el presidente César Gaviria inauguró la IX Conferencia Internacional Para El Control de Las Drogas. Asistieron autoridades policiales y de seguridad de más de treinta naciones, pero entre todas las personalidades resaltaba, el director de la DEA, Robert C. Bonner.
A pesar del intento de varias delegaciones, la boliviana incluida, por mostrar los éxitos en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, en la reunión se llegaron a conclusiones nada alentadoras para la región. Veamos.
Primero, una investigación realizada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) detallaba que los narcotraficantes estaban lavando dólares en Uruguay, Argentina y Ecuador. También denunciaba la apertura de nuevas rutas para llevar la droga a Europa ―especialmente, a través de las ciudades de Cúcuta en Colombia y Caracas en Venezuela―. Confirmándose así la expansión de la actividad delictiva al otro lado del atlántico.
Segundo, los cárteles de la droga habían ganado la guerra contra el Estado colombiano. Pues la extradición era el factor que más irritaba a los narcotraficantes, y que los empujó a realizar los más horrendos atentados terroristas a lo largo y ancho de Colombia. Cuando se estableció que el mayor perdedor de esa guerra era el ciudadano de a pie (que no podía vivir ni trabajar con tranquilidad), Cesar Gaviria decidió pactar con los capos a cambio de buscar los mecanismos legales para tumbar la extradición.
Finalmente, estaba el hecho que las organizaciones de narcotraficantes de Perú y Bolivia habían logrado independizarse del control de los peces gordos colombianos. El informe que presentó el propio Bonner mostraba mecanismos novedosos para transportar droga a los mercados europeos y japoneses, por ejemplo, camuflarla en café molido.
Es este último punto que a los bolivianos más nos debería importar. Ya que fue en esa época que empieza a surgir el nombre de Evo Morales.
Apañado por el progresismo internacional, adoctrinado por varias ONGS argentinas y americanas, financiado por el narcotráfico y apoyado militarmente por la dictadura cubana, Morales,desde los albores de los años 90, bajo el eufemismo de luchar contra la nueva «intervención» imperialista yanki, empezó una guerra contra la democracia boliviana, asesinó cruelmente a oficiales del orden, y destruyó la tranquilidad de los ciudadanos bolivianos. En octubre del 2003, con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, sus conspiraciones alcanzaron su objetivo. En ese momento murió la Republica de Bolivia. Nació el narcoestado.
El concepto de narcoestado es un neologismo que describe a los países cuyas instituciones políticas se encuentran influidas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios de gobierno y miembros de las redes de tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados en sus potestades legales. Se trata de la suplantación de la política por la acción delincuencial.
Asimismo, el escritor Manuel Morales Álvarez, en su libro Narcovinculos, muestra como bandas de sicarios, colombianos, brasileros, peruanos y venezolanos operan en Bolivia con total impunidad, además, de contar con apoyo judicial y policial. Su trabajo consiste en «limpiar» a los traidores y bocones. Además, son usados como mercenarios para escarmentar a los volteadores (policías y civiles que le roban droga a los cárteles).
A principios del 2022, se produjo la captura de Omar Rojas, bautizado por los medios como el Pablo Escobar boliviano, quien fue llevado a celdas por la DEA para un proceso en Estados Unidos bajo cargos de tráfico internacional de sustancias controladas. De los nombres vinculados a Rojas sobresalen los cargos policiales del coronel Maximiliano Dávila, que fue aprehendido el 22 enero en el paso fronterizo de Villazón en Potosí.
Dávila fue director nacional de Inteligencia de la Policía y luego jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) durante el periodo final de Evo Morales como mandatario en 2019. Incluso se dirigió al Chapare ― republiqueta dominada por Evo, y donde se produce la hoja que sirve para la elaboración de cocaína― para festejar el último cumpleaños de éste como presidente.
Pero el caso de Dávila no es un hecho aislado. Ya en el 2017, el coronel Gonzalo Medina Sánchez, en ese entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, condecoró a Pablo Montenegro (un narcotraficante con un largo prontuario en Brasil).
Esta condecoración mostró la permeabilidad de la Policía de Bolivia ante los clanes de narcotraficantes.
Es muy triste que al seguir las noticias sobre el país uno encuentre muchas similitudes con las narcoseries de NETFLIX. Verbigracia, el diario Infobae titula una nota de la siguiente manera: «la DEA reveló que el exjefe policial antidrogas del gobierno de Evo Morales ofrecía protección armada al narcotráfico en Bolivia». El Deber reporta que: «Hay 10 mafias del narcotráfico internacional con presencia en Bolivia».
Pero el problema se agranda si la oposición ―que en teoría debería cuidar la patria de los abusos del oficialismo― no está interesada en pelear contra la dictadura ni recuperar la democracia.
Prueba de esto son las desatinas declaraciones de Carlos Alarcón (diputado de la fuerza «opositora» Comunidad Ciudadana) que pidió aplicar el principio de reciprocidad en el caso del coronel Maximiliano Dávila para, de esa manera, solicitar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de su ministro del interior Carlos Sánchez Berzaín.
Lo paradójico del caso es que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son, en realidad, víctimas del golpe del 2003 (protagonizado por Evo Morales, Felipe Quispe y Carlos Mesa). Sin embargo, el diputado Alarcón ―repitiendo su accionar del año 2004, cuando en su cargo de ministro de justicia redactó los decretos de amnistía para Morales y su secuaces― vuelve a oxigenar a la narcodictadura boliviana.
Cuan caro le está costando al país la apuesta que, allá por el 2005, hicieron muchos al votar por el «indígena» defensor de sus hermanos. Que triste presente nos heredaron quieren se dejaron convencer por el artificio propagandístico de la «coca no es cocaína» en los años 90. Y que penoso futuro nos espera con una oposición totalmente funcional a la dictadura.
