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EEUU: El Departamento de Justicia demanda a Idaho por la prohibición del aborto

El Departamento de Justicia dijo que la «restrictiva ley de aborto» está en conflicto con la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está demandando a Idaho por su restrictiva prohibición del aborto que entrará en vigor el 25 de agosto, donde dicen que entra en conflicto directo con la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo.

Esta fue la primera acción legal pública de la administración Biden desde la anulación de Roe vs. Wade.

El Departamento de Justicia también dijo que advirtió al estado de Idaho que su prohibición casi total del aborto era contraria a la ley federal, pero no recibió una respuesta sustantiva.

En la queja presentada el martes en el Noveno Circuito, el departamento declaró que la única excepción desde el punto de vista de la salud para proporcionar un aborto bajo el Código de Idaho § 18-622 es si el aborto previene la muerte de la persona embarazada, y más allá de prevenir la muerte, la ley no proporciona una defensa para la salud de alguien que está en juego.

En una respuesta a la demanda presentada recientemente, el gobernador de Idaho, Brad Little, dijo: «El tribunal más alto de nuestra nación devolvió el tema del aborto a los estados para que lo regulen, fin de la historia. La interferencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos con la ley pro-vida de Idaho es otro ejemplo de que Biden se extralimitó una vez más mientras continúa ignorando temas que realmente deberían exigir su atención, como la inflación aplastante y la frontera abierta con México».

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, celebró una conferencia de prensa el martes en la que detalló la demanda. «El día en que Roe y Casey fueron revocados, prometimos que el Departamento de Justicia trabajaría incansablemente para proteger y promover la libertad reproductiva», dijo Garland.

Debido a la «excepción de prevención de la muerte», el Departamento de Justicia argumenta que esto viola la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo (EMTALA). Bajo esta ley, los hospitales están obligados a proporcionar tratamiento médico que es necesario para estabilizar al paciente antes del alta o transferencia.

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