El día de ayer, el Senado dispuso la postergación del tratamiento del proyecto de ley que penaliza el cierre de rutas, que será tratado primeramente en Comisión y luego por el plenario.
Han transcurrido algunos días y reina –como es habitual- un desorden descomunal, donde se discuten prevalencias de diversos derechos de rango constitucional, entre los cuales los más reiterados son el de libre tránsito de personas y mercaderías y el derecho de manifestación. Mientras tanto, los problemas respecto a los altos precios de los combustibles y los bloqueos de rutas, persisten. Y el tenor del conflicto va en aumento (estar atentos a los próximos días).
La postura de quienes apoyan la iniciativa de penalizar el cierre de rutas, converge en la necesidad apremiante de brindar una solución inmediata que garantice el despeje de rutas que han sido y están siendo bloqueadas en forma reiterada desde hace ya varias semanas, causando molestias de todo tipo, donde el ciudadano que no participa (amplia mayoría) es el principal rehén, en permanente jaque, y sobre todo, causando pérdidas económicas incalculables y de consecuencias que ya se ven. Y otras que aún están por verse.
No es necesario nombrar aquí, ejemplos prácticos de diferentes tipos de afectación que producen los bloqueos de rutas y nada tienen que ver con sectores más o menos privilegiados.
Claramente el proyecto busca frenar el cierre de rutas, reglamentando (potestad del Legislativo) un derecho constitucional consagrado y que hasta el momento, carece de tipificación penal. Curiosamente están previstas penas relacionadas a la obstrucción del tránsito pluvial y aéreo, por ejemplo, pero no así, terrestre. Por lo cual, no está demás reglamentarlo, luego discutamos la mejor reglamentación posible, la circunscripción, la competencia. Es necesario para que la norma tenga aplicabilidad.
A partir de éste proyecto, surge la postura de quienes lo reprueban con determinación, catalogando el proyecto como represor, terrorista, criminalizador y dictatorial. Es lo mínimo que se ha dicho. Argumentan su postura invocando el derecho –también constitucional- de manifestación, que alegan se vería comprometido y hasta –dicen- cercenado. Sostienen que se estaría criminalizando las manifestaciones y que cualquiera podría ir preso hasta por 6 años por manifestarse. Manifiestan que ya se criminalizaron las invasiones y ahora buscan criminalizar las manifestaciones, frenar las organizaciones y movilizaciones sociales, criminalizando la lucha y reduciendo cada vez más el derecho a protestar.
Hasta aquí, las posturas que se presentan.
No es necesario entrar a mencionar artículos y repasar nuestra normativa. Pero sí es imperativo recalcar que teniendo una de las mejores constituciones del continente, deberíamos conocerla mejor y sobre todo, respetarla, cumplirla.
El derecho al libre tránsito está garantizado por Constitución, el derecho de manifestación está garantizado por Constitución y no se trata de cuál de ellos prevalece sobre el otro sino de cómo hacemos que coexistan, pues ¡son derechos a nuestro favor no en nuestra contra! No se trata de derechos absolutos y su ejercicio está limitado por el mismo ordenamiento jurídico. No podemos seguir discutiendo cuestiones establecidas mientras el país requiere soluciones urgentes y que muchas veces están en la simple aplicación de la Ley. Reitero, tenemos una gran Constitución y leyes reglamentarias que prevén y garantizan nuestros derechos, tanto a quienes queremos circular, como a quienes queremos manifestarnos.
Discutamos si es necesario tipificar penalmente los bloqueos de ruta y establezcamos las sanciones pertinentes, pero también discutamos cómo tipificamos a la autoridad que no hace cumplir la norma. Que no previene, ni resguarda, ni castiga a quienes rebasan nuestros derechos constitucionales consagrados. TODOS.
¿De qué vale un derecho en un texto si no puede ser ejercido en la práctica? ¿De qué valen las mejores leyes si no se hacen cumplir ni se cumplen?
Por favor, vayamos al problema de fondo.
A lo mejor no sabemos (o sí) quiénes son los camioneros o quienes están detrás ellos, o de los que apoyan la mal llamada “Ley Riera”, o de los que se oponen a ella. Pero creo que todos, en menor o mayor medida, somos conscientes de los desafíos sociales que siempre tuvimos como paraguayos, que tenemos hoy y que tendremos mañana como país, y estoy absolutamente convencido de hay hechos reales, que hay grupos concretos, empeñados en la destrucción de nuestro país, aprovechando la debilidad, la inoperancia y la falta de autoridad y coraje de personas que ocupan nuestras instituciones públicas.
Y hablemos claro, aquí pueden tener mucha razón pero no se puede ni prohibir una manifestación pacífica dentro de los límites de la ley ni cerrar una ruta. Tampoco se puede ejercer “Coacción a órganos constitucionales”, “Coacción al Presidente de la República y a los miembros de un órgano”, “Atentar contra la existencia del Estado”, “Perturbar la paz pública”, “Sabotear”, “Extorsionar”, “Amenazar” y/o “Incitar a cometer hechos punibles”, hacer “Apología del delito”. Y les pongo entre comillas porque acabo de nombrarles mínimo 6 tipos penales que pueden ser más de 10 si sigo escribiendo. Son hechos punibles en concurso conforme al Código Penal y todos están ocurriendo en estos días, sin ninguna consecuencia para los implicados.
El vocero de los camioneros dijo ayer: “Mañana hay una gran reunión en Limpio para decidir si vamos a cerrar el país, ya no se puede trabajar con este precio del combustible. Esto va a subir de tono (las manifestaciones)”, agregó. Explicó que las movilizaciones les cuesta mucha plata al sector y actualmente no hay condiciones de llegar a Asunción, por lo que hay 24 puntos de concentración de camioneros en todo el país” .¿Les parece?
¿Qué hacemos frente a esta situación?
El Estado debe velar, asegurar y garantizar los derechos, obligaciones, leyes. Y a quien más hay que exigirle y a la par quitarle y limitarle poderes, es al mismo Estado.
En este desorden descomunal en el que vivimos, los conflictos seguirán mientras no tengamos autoridades que imputen, condenen y encarcelen, de inmediato, a quienes, con la excusa de defender sus derechos, atropellan los de terceros. No solo cometen delitos, sino que los anuncian, se jactan, lucran a la vista de todos.
No puede ser que las únicas leyes que rigen en nuestro país sean las dirigidas a los sectores formales de la economía, destinadas a recaudar impuestos y tasas para financiar la orgía de los de siempre. Pero ¡Carajo! Y perdón por la expresión, pero juran una sola cosa: CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA LEY.
Durante todo el período “democrático” no hemos aprendido ni a respetar, ni hacer respetar las leyes. ¿Pero sí supimos respetar a un dictador? El cumplimiento de las leyes depende, en menor medida de los que debemos cumplirlas, pero en muchísimo mayor medida depende de quienes están OBLIGADOS a hacerlas cumplir. ¿Podemos esperar que la gente cumpla normas y leyes por su buena voluntad? ¡No! Pues la Ley es de cumplimiento imperativo.
¡DICTADURA YA! DE LA LEY.
