El 06 de agosto del 2007, con motivo del aniversario patrio, el entonces presidente Evo Morales dijo lo siguiente:
El discurso hacía referencia a la política de nacionalización de los hidrocarburos que un año antes había empezado su régimen. Y que según el mandatario ―además, de muchos despistados de ese entonces― era la ruta al paraíso. Sin embargo, quince años después de aquel incendiario parlamento, los resultados son otros.
Eso que Evo Morales llamó nacionalización, no fue más que una confiscación que se convirtió en una dilapidación masiva de la renta gasífera (6.000 millones de dólares entre 2010 y 2014) en prebendas a los grupos afines al poder, y con el agravante que el régimen de Morales jamás realizó nuevas inversiones en exploración.
El despilfarro fue tan grande que más de una década después ―con Arce Catacora actuando como delfín del cocalero― el propio gobierno admitió dos cosas: Primero, que existe una declinación de la producción de gas y líquidos en los principales campos gasíferos. Por ejemplo, en noviembre del 2021, Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (Iabsa) no terminó de destilar 3 millones de litros de alcohol por falta de gas natural, con una pérdida económica estimada en 2,5 millones de dólares. Y Segundo, que la Ley de Hidrocarburos 3058 cumplió su ciclo, y que se deben realizar ajustes al sector para generar mayor inversión. Al respecto, las palabras de Franklin Molina, ministro del área, fueron las siguientes:
Empero, el desastre en materia energética no es el único ni el mayor de los problemas.
Recientemente, el Banco Mundial ha previsto un crecimiento para Bolivia del 3,5%, marcando una diferencia notable con la proyección del 5,1% del gobierno boliviano. Como era de esperarse, Arce Catacora, con una total falta de prudencia, catalogó los datos como «meras especulaciones». No obstante, obvió mencionar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ―un organismo tradicionalmente amigable con los gobiernos de izquierda en la región― también auguró un crecimiento boliviano de 3,2%.
Y si las cosas no fueran lo suficientemente malas, aparece otro factor agravante: la política monetaria de los EE. UU.
Estados Unidos experimenta una inflación del 7% (la más alta en cuatro décadas). Esto significa que la Reserva Federal, más temprano que tarde, se verá forzada a subir las tasas de interés para intentar contener el espiral inflacionario.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que esto representa un peligro especialmente difícil de sobrellevar para las economías emergentes y América Latina. Ya que estos movimientos van a significar una mayor salida de capitales y una depreciación de las monedas locales.
Con todo, es evidente que la estabilidad y proyecciones económicas que Arce Catacora pretende retratar para Bolivia en 2022 son puro maquillaje estadístico. Puesto que la realidad está superando, además, por amplio margen, el relato construido, y no sólo alrededor de las cifras de crecimiento de corto plazo, sino incluso sobre el propio MESCP. De hecho, los problemas de la economía ya no se los podrá ocultar ni siquiera con la crisis del COVID19. Será como cuando un universitario pretende aprobar el semestre con el último examen.
La debilidad de la economía boliviana es consecuencia del modelo castrochavista que se instauró en el país el 2003. Pues las dictaduras no producen, sino que, aplicando el terrorismo de Estado, le roban al sector privado su riqueza. En definitiva, no fuimos Suiza, pero cada vez estamos más cerca de Cuba.