El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha vuelto a mover ficha, temeroso de la repercusión alcanzada hasta ahora por la convocatoria de una jornada de marchas cívicas nacionales para el 20 de noviembre en demanda de cambios para el país. El castrismo ha prohibido de forma taxativa que se lleve a cabo y basa su decisión en que el sistema socialista es «irrevocable», tal y como dicta el artículo 4 de la nueva Constitución.
«Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadonunidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. La marcha anunciada (…) constitye una provocación como parte de la estrategia de cambio de régimen para Cuba, ensayada en otros países», reza la respuesta gubernamental, entregada a los patrocinadores de la protesta en distintos puntos del país. Una «provocación» de personas sin legitimidad, según el gobierno.
Previamente, el régimen castrista ya había decretado ejercicios militares para el 18 y 19 del mes que viene, además de la celebración del Día Nacional de la Defensa para el 20N, primer día elegido por los promotores de tan atrevida iniciativa. A la cabeza está el dramaturgo Yunior García Aguilera y el grupo Archipiélago, a quienes se sumó de inmediato el Consejo de la Transición Democrática (CTDC), conformado por distingas organizaciones disidentes.
En una jugada de ajedrez político, los opositores adelantaron la fecha de la convocatoria a nivel nacional al 15-N, el mismo día que Cuba abre sus fronteras al turismo internacional tras disminuir el impacto de la pandemia en la isla.
En su comunicado, dirigido al propio Yunior García, la revolución hace hincapié en que la Constitución contó con el apoyo del 86,85% de los votantes y el consiguiente «derecho a combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido». Cuba es un régimen de partido único, el Comunista, con elecciones teledirigidas en todas sus fases, incluido el voto final en las urnas.
«Nuestros próximos pasos se darán a conocer en breve», comunicó al instante el grupo Archipiélago en sus redes sociales. Ya desde hace días la Seguridad del Estado ha estrechado su persecución contra los activistas democráticos, incluso Daniela Rojo, su moderadora, fue detenido en las últimas horas.
«La respuesta en cada municipio fue exactamente la misma, un copia y pega de un panfleto enviado desde arriba… Ni siquieran intentaron disimularlo», protestó el activista Mag Jorge Castro.
El Mundo (España)
