Nicanor usó fondos públicos para financiar campaña de Blanca Ovelar

De acuerdo a los datos recabados, la publicitaria tenía un acuerdo con las autoridades de la ANR y el jefe de campaña, el entonces ministro Rogelio Benítez (futuro embajador paraguayo ante el Uruguay), quien también se desempeñaba como tesorero de la agrupación política; sin embargo, tras la derrota de la candidata colorada, no quisieron reconocer la deuda y la firma terminó en la quiebra, por lo que tuvo que realizar la convocatoria de acreedores.

Existen fuertes indicios de que finalmente hicieron pagar las cuentas a instituciones públicas, teniendo en cuenta que la citada publicitaria tenía también a su cargo las cuentas de varios entes y organismos del Estado, entre ellos el Despacho de la Primera Dama, a cargo de Gloria Penayo de Duarte.

De hecho, un informe de la Contraloría General de la República (CGR), de fecha 6 de junio del 2007, advierte al Poder Ejecutivo sobre serias irregularidades que fueron detectadas en contrataciones efectuadas por el Despacho de la Primera Dama en los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006 con la firma Sistema Siete SA.

La nota firmada por el contralor de ese entonces, Octavio Airaldi, señala que en el ejercicio fiscal del 2005 se efectuó una contratación directa bajo la figura de la excepción con la citada empresa por un monto de G. 489.859.579.

La citada dependencia gubernamental había alegado la “urgencia impostergable” para el procedimiento, atendiendo la realización de la XIII Conferencia de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estados y Gobiernos de las Américas, llevada a cabo en el país del 28 al 30 de setiembre del 2005.

Sin embargo, la CGR señaló en su informe que la figura de la excepción, invocada por el Despacho de la Primera Dama, carecía de sustento legal y también denunció que se habían simulado procedimientos de contratación a efectos de regularizar contrataciones ya realizadas por la institución a cargo de la esposa de Duarte Frutos.

Una de las notas dirigidas por la CGR en el 2007 exigiendo documentos respaldatorios al Despacho de la Primera Dama, manejado por Gloria Penayo, sobre los contratos directos con la agencia publicitaria ligada a Duarte Frutos.

MIMADA DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS

Si bien la publicitaria cercana a Nicanor era la “mimada” de las contrataciones públicas, los mayores contratos los obtuvo en la Itaipú Binacional, la que amparada en su persona jurídica eludía todos los procedimientos legales y de control estatal. Prueba de ello es que en dos años y medio, entre el 2006 y el 2008, facturó a la entidad nada menos que 16.000 millones de guaraníes, de los cuales, en el 2008, en plena etapa electoral, cobró unos G. 2.070 millones.

Los fondos provenían de los “gastos sociales” de Itaipú y cerca de 1.708 millones de guaraníes figuran haber sido pagados en concepto de impresión, pasacalles, quepis, camisetas, afiches y gigantografías, supuestamente en el marco de la campaña contra el dengue y la fiebre amarilla. Las localidades donde supuestamente se hicieron estas campañas corresponden al interior, en lugares como Santa Rosa, Carayaó, Minga Guazú, etc.

En la campaña electoral en el 2002, Duarte Frutos había declarado en una entrevista que tenía “una pequeña empresa” dedicada al “marketing, consultoría, publicidad y servicios generales”, se trataba de la misma empresa que luego se denominó Sistema Siete, aunque con otros accionistas, pero cercanos a él, como su compadre y compueblano José Ángel Soto Barreto, quien se convirtió en el hombre clave de los negocios del mandatario.