Una investigación publicada por La Tribuna pone bajo la lupa el funcionamiento de las licitaciones tecnológicas en el sector público paraguayo y plantea que, más allá de las propuestas económicas y técnicas, una parte de la disputa entre proveedores se traslada al ámbito administrativo mediante el uso sistemático de protestas e impugnaciones ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Según el trabajo periodístico, el análisis de distintos procesos licitatorios en los que participó Softshop SA revela un esquema que, dentro del sector, es identificado como un «manual de paralización». La investigación sostiene que la estrategia consistiría en utilizar los mecanismos de impugnación previstos en la legislación para retrasar adjudicaciones cuando las decisiones favorecen a empresas competidoras.
De acuerdo con La Tribuna, el derecho a presentar protestas constituye una garantía prevista en el sistema de contrataciones públicas para asegurar la transparencia y corregir eventuales irregularidades. No obstante, el medio plantea que el uso reiterado de estos recursos podría transformarse en una herramienta capaz de demorar procesos y dificultar el ingreso de nuevos proveedores al mercado.
La investigación describe un patrón que, según su análisis, se habría observado en procesos impulsados por instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).
El primer paso consistiría en formular observaciones técnicas durante la elaboración de los pliegos de bases y condiciones, buscando modificaciones en las especificaciones de las convocatorias. Posteriormente, si la adjudicación favorece a otra empresa, se presentarían protestas administrativas acompañadas de solicitudes de suspensión del procedimiento.
El efecto inmediato, explica la publicación, sería la paralización temporal de la adjudicación mientras la DNCP analiza el caso, situación que puede extenderse durante semanas o incluso meses hasta que exista una resolución definitiva.
La investigación sostiene que esta situación genera efectos tanto para las empresas participantes como para las instituciones públicas.
Por un lado, las compañías adjudicadas deben mantener vigentes garantías, ofertas y estructuras operativas durante el tiempo que dure la controversia administrativa, lo que incrementa sus costos y, en algunos casos, puede afectar la viabilidad de sus propuestas. Por otro, organismos que administran plataformas consideradas críticas para la prestación de servicios públicos enfrentan la imposibilidad de implementar nuevos contratos mientras las protestas permanecen abiertas.
En ese escenario, La Tribuna señala que las instituciones podrían verse obligadas a recurrir a prórrogas contractuales o extensiones de servicios con los proveedores que ya operaban esos sistemas, a fin de evitar interrupciones en el funcionamiento de plataformas esenciales.
Otro de los aspectos destacados por la investigación es que varias de las impugnaciones analizadas estarían fundamentadas en observaciones de carácter formal, como errores de foliado, diferencias en traducciones de certificaciones o cuestiones documentales que son presentadas como incumplimientos suficientes para solicitar la descalificación de competidores.
El trabajo periodístico sostiene que este tipo de cuestionamientos desplaza el debate desde la calidad técnica o el precio de las ofertas hacia aspectos procedimentales, prolongando la definición de los procesos licitatorios.
La publicación de La Tribuna concluye que comprender el funcionamiento de estas estrategias resulta clave para analizar la dinámica del mercado de soluciones tecnológicas para el Estado y anticipa una nueva entrega en la que abordará el papel de otras empresas presuntamente vinculadas entre sí y su participación en distintos procesos de contratación.
Las afirmaciones contenidas en la investigación corresponden al trabajo periodístico de La Tribuna y describen hechos y patrones que el medio identificó tras revisar antecedentes de licitaciones públicas y expedientes administrativos.
