El Senado aprobó por unanimidad una declaración que cuestiona el tiempo transcurrido sin una definición de la Sala Penal sobre la recusación que paraliza la causa por presunto lavado de dinero vinculada a Banco Atlas y Nicolás Leoz. El proceso ya tiene acusación fiscal y pedido de juicio oral. La resolución pendiente aguarda actualmente el voto del ministro Víctor Ríos.
La discusión sobre el caso Banco Atlas dejó de concentrarse únicamente en las operaciones investigadas por la Fiscalía. Ahora existe otro interrogante: por qué una cuestión procesal presentada en abril sigue impidiendo que una causa con acusación formal avance hacia la etapa en la que deberá discutirse el fondo.
La inquietud llegó al Senado y terminó generando un pronunciamiento unánime.
La Cámara Alta manifestó preocupación por el tiempo que lleva pendiente una recusación presentada contra los camaristas que deben intervenir en recursos de la causa N.º 06/2021, seguida contra Miguel Ángel Zaldívar y otros procesados por presunto lavado de dinero.
Zaldívar es presidente de Banco Atlas y esposo de Natalia Zuccolillo, directora de ABC Color.
El Ministerio Público presentó a finales de abril su acusación formal y solicitó juicio oral y público contra Zaldívar y otros procesados.
La investigación se concentra en operaciones relacionadas con el fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
Entre los antecedentes incorporados por la Fiscalía aparecen depósitos realizados durante 2013. El requerimiento conclusivo sostiene que se registraron 15 operaciones en efectivo que totalizaron USD 5.114.300 y cuestiona los controles aplicados sobre esos movimientos.
Posteriormente, en febrero de 2016, el Directorio del banco aprobó y ratificó dos contratos de fideicomiso vinculados a Leoz. La acusación sostiene que para entonces ya existían antecedentes internacionales y judiciales que debían ser considerados dentro de las evaluaciones de riesgo de la entidad.
El punto que ahora genera preocupación institucional apareció el 10 de abril.
La defensa de Celio Tunholi recusó a los integrantes del Tribunal de Apelación Especializado que debían intervenir en recursos pendientes. El incidente fue remitido a la Corte Suprema y desde entonces la definición quedó en manos de la Sala Penal.
Pasaron más de cinco meses.
Durante ese tiempo, el Ministerio Público presentó urgimientos y la propia Conmebol también pidió una resolución que permita destrabar el proceso.
Mientras la Corte no se pronuncie, el expediente no puede seguir su recorrido normal hasta la audiencia preliminar, instancia en la que deberá resolverse si la acusación fiscal cuenta con elementos suficientes para ser discutida en un juicio oral.
El dato que ahora concentra las miradas está en el recorrido interno del expediente. Los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya emitieron sus votos. La definición restante corresponde a Víctor Ríos, quien recibió el expediente el 25 de agosto y todavía debe pronunciarse.
Ese escenario explica por qué el caso terminó trascendiendo nuevamente el ámbito estrictamente judicial.
La Fiscalía ya concluyó su etapa y acusó. La Conmebol ya presentó un urgimiento. El expediente tiene dos votos definidos. Y ahora el Senado acaba de expresar de manera unánime su preocupación por la demora.
La discusión de fondo todavía corresponde exclusivamente a los tribunales y Banco Atlas mantiene su posición de que no existieron hechos punibles. Pero antes de determinar quién tiene razón en esa controversia existe una cuestión mucho más inmediata que la Corte debe resolver.
Después de más de cinco meses, el proceso sigue esperando una decisión sobre una recusación.
Y desde el 25 de agosto, esa definición pasa por el despacho de Víctor Ríos.
