La aparición de un documento firmado por Fernando Rivarola, con observaciones sobre operaciones de ueno bank, abrió un nuevo frente de discusión alrededor del Banco Central del Paraguay (BCP). Sin embargo, más allá de su contenido, existe un elemento difícil de ignorar: el momento en que fue elaborado y la trayectoria de quien lo suscribió.
La relación entre Rivarola y Benigno López se remonta a 2019. Ese año, siendo ministro de Hacienda, López creó la Unidad de Asesoría Principal y posteriormente solicitó al entonces presidente del BCP, José Cantero, el traslado temporal de Rivarola. En septiembre de ese año, López lo designó como Asesor Principal de la unidad que él mismo había creado, con rango de coordinador y bonificación incluida.
Años después, Rivarola regresó al Banco Central y llegó a ocupar la Gerencia de Supervisión de la Superintendencia de Bancos, uno de los cargos más sensibles del sistema financiero. Desde allí tenía bajo su órbita la supervisión y fiscalización de las entidades financieras y los canales institucionales para advertir y actuar ante eventuales irregularidades.
Pero el denominado “informe Rivarola” lleva fecha 10 de julio de 2026, apenas cuatro días después de que dejara la Gerencia de Supervisión, el 6 de julio, para asumir como miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo.
Y allí aparece la principal pregunta: si las observaciones que hoy aparecen en el documento ya existían, ¿por qué no fueron formalizadas o corregidas mientras Rivarola estaba al frente de Supervisión?
Si durante su gestión había operaciones que merecían observaciones, deberían existir antecedentes que permitan saber cuándo fueron detectadas, qué inspecciones se realizaron y qué medidas fueron adoptadas.
Hasta ahora, la discusión pública se concentró en lo que dice el documento, pero también debería preguntarse qué hizo su autor mientras tenía la responsabilidad institucional para actuar.
La situación adquiere otra dimensión por el contexto político. En las últimas semanas, Benigno López intensificó sus cuestionamientos contra el Banco Central y reclamó, entre otras cosas, respuestas sobre capital, liquidez y operaciones vinculadas. Mientras tanto, el documento firmado por su antiguo asesor principal terminó filtrado a la prensa meses después de haber sido elaborado.
¿Existe una conexión entre ambos hechos? No puede afirmarse sin pruebas. Pero la coincidencia temporal y los antecedentes profesionales de ambos justifican que la cuestión sea investigada.
En septiembre, además, López y Rivarola fueron fotografiados reunidos en un café del complejo Textilia. La imagen no demuestra coordinación alguna, pero adquiere relevancia cuando se analiza junto con la posterior aparición pública del informe.
También resulta llamativo que el 8 de julio, dos días después de abandonar Supervisión y dos días antes de fechar el documento, López compareciera como testigo ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos por una causa relacionada con el fideicomiso IPS-Banco Atlas.
Por eso, el verdadero debate no debería limitarse a determinar qué dice el “informe Rivarola”. También corresponde saber cuándo fueron detectadas sus observaciones, qué actuaciones existieron durante la gestión de Rivarola, por qué el documento fue elaborado después de su salida y cómo terminó siendo filtrado meses más tarde.
Si las observaciones eran correctas, corresponde explicar por qué no fueron atendidas oportunamente. Si ya eran conocidas durante su gestión, debe saberse qué hizo el entonces gerente de Supervisión. Y si surgieron posteriormente, debe identificarse qué nueva información las originó.
Hasta que esas preguntas tengan respuestas documentadas, el documento puede ser un elemento de investigación, pero no debería convertirse automáticamente en una sentencia contra el Banco Central ni contra una entidad financiera.
