La publicación de ABC Color sobre los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intenta instalar una imagen de crisis alrededor del ministro Luis Ramírez. Sin embargo, existe un dato que el propio medio reconoce y que resulta fundamental para entender la noticia: el informe presentado inicialmente por el MEC correspondía a una auditoría parcial.
En junio, Ramírez informó que más de 500 usuarios habían realizado unas 130.000 acciones irregulares dentro del sistema de registro de títulos. ABC Color publicó entonces que se trataba de los resultados de “una auditoría de diez días” y que eran resultados parciales.
Y precisamente porque se detectaron irregularidades, se solicitó que la investigación fuera ampliada para determinar el alcance real de lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Ahora, tres meses después, la Contraloría reporta 453.599 registros de actividad asociados a 352 cuentas durante el período auditado. Pero hay algo que no debería perderse en medio del impacto de las cifras: 453.599 operaciones o registros no equivalen automáticamente a 453.599 títulos falsos. El propio informe citado por ABC habla de registros de actividad asociados a cuentas de usuario.
Entonces, presentar el nuevo número como si demostrara que el ministro “ocultó” información o que su primera denuncia fue incorrecta resulta, como mínimo, una interpretación que necesita mayores precisiones.
Hay otro elemento que merece ser recordado.
Fue el propio MEC, bajo la conducción de Luis Ramírez, el que hizo públicos los primeros hallazgos, denunció los accesos irregulares y remitió casos al Ministerio Público.
En junio, el ministro informó sobre más de 500 usuarios irregulares y aproximadamente 130.000 movimientos dentro del sistema. Posteriormente, la Fiscalía comenzó a intervenir el sistema informático del MEC para determinar responsabilidades.
Es decir, la investigación no comenzó porque ABC descubrió el problema ni porque la Contraloría sorprendió al MEC con una denuncia desconocida.
El propio Ministerio había detectado irregularidades, las había comunicado públicamente y había solicitado que fueran investigadas.
La auditoría posterior de la Contraloría puede ampliar, corregir o profundizar esos hallazgos. Eso es precisamente lo que debe ocurrir cuando una investigación avanza.
Y aquí aparece otro punto que parece quedar relegado en medio de la polémica: justamente lo que el ministro pidió fue que se asignen responsabilidades para tomar las acciones correspondientes.
No se trata de minimizar las irregularidades. Todo lo contrario.
Si existieron funcionarios que permitieron accesos indebidos, alteraron registros o facilitaron la incorporación de títulos irregulares, corresponde identificar quiénes fueron, determinar qué hicieron y aplicar las medidas administrativas, civiles o penales que correspondan.
Eso requiere investigación, no titulares anticipando culpabilidades.
ABC también sostiene que los nuevos hallazgos generaron una “tormenta” interna y que Ramírez se mostró “furioso” durante una reunión con directores departamentales.
Sin embargo, fuentes cercanas al ministro consultadas para esta nota niegan que haya existido una tormenta puertas adentro o que Ramírez se haya mostrado furioso, y describen las reuniones como parte del proceso institucional de revisión y respuesta ante los hallazgos.
Naturalmente, esta versión debe ser entendida como lo que es: una versión atribuida a fuentes cercanas al ministro, que no constituye por sí sola una prueba independiente sobre lo ocurrido en esa reunión.
Pero tampoco debería presentarse como un hecho comprobado una supuesta crisis interna sustentada únicamente en una fuente anónima.
Lo que sí puede comprobarse es que, tras reunirse con el contralor Camilo Benítez, el MEC comunicó que la cooperación interinstitucional era necesaria para garantizar procesos transparentes y ordenados.
Los hallazgos de la Contraloría deben investigarse.
Si hubo funcionarios que permitieron accesos indebidos, alteraron registros o facilitaron la incorporación de títulos irregulares, deben responder ante las autoridades correspondientes.
Pero una auditoría que encuentra fallas administrativas o registros sospechosos no equivale automáticamente a establecer responsabilidad penal o personal del ministro.
La propia investigación debe determinar quién hizo qué, cuándo, con qué autorización y bajo qué responsabilidad.
Ramírez, por su parte, sostiene que desde 2023 se trabajó en la implementación del RUE y en mecanismos para ordenar el sistema de educación superior. También recordó que fueron detectados usuarios con accesos irregulares y que los casos fueron remitidos a la Fiscalía.
El ministro incluso fue explícito al señalar que el tiempo determinará quién tuvo razón en el proceso de ordenar la educación superior paraguaya.
El caso de los títulos falsos es demasiado serio como para convertirlo únicamente en una disputa política o mediática.
La sociedad necesita saber cuántos títulos están realmente comprometidos, quiénes participaron, cómo funcionaron las fallas de seguridad, durante qué períodos ocurrieron y qué medidas se adoptarán para impedir que vuelva a suceder.
Eso exige investigación, transparencia y rendición de cuentas. Pero también exige precisión. Hay una diferencia considerable entre decir que una auditoría posterior encontró más operaciones irregulares que una auditoría parcial inicial y afirmar que el ministro quedó “acorralado” o que existe una crisis interna.
La primera afirmación se puede contrastar con documentos.
La segunda requiere evidencia adicional.
Y hay un dato que no debería perderse en la discusión: el MEC detectó irregularidades, las denunció y pidió que se profundizara la investigación.
Si la auditoría posterior encontró un problema mayor, la respuesta lógica no es cuestionar por qué se investigó, sino determinar quiénes fueron responsables y actuar en consecuencia. Porque en un caso tan delicado como el de los títulos falsos, la ciudadanía merece conocer la verdad completa, no una narrativa construida a partir de titulares.
