La Cámara de Senadores avanza en una revisión más amplia del sistema financiero paraguayo. Colym Soroka planteó incorporar a Sudameris Bank en los pedidos de información al Banco Central, mientras que Líder Amarilla presentó dos solicitudes que abarcan fusiones bancarias, carteras vencidas y denuncias por fraudes cibernéticos.
La fiscalización parlamentaria sobre el sistema financiero paraguayo sumó nuevos capítulos este miércoles, luego de que desde la Cámara Alta se plantearan pedidos de información al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre distintas operaciones, procesos de absorción y actuaciones regulatorias.
Durante el debate, el senador Colym Soroka reclamó que el análisis impulsado desde el Congreso no se concentre únicamente en determinadas entidades y propuso incluir a Sudameris Bank, particularmente en relación con las consecuencias de la absorción de Banco Regional.
El legislador sostuvo que el sistema financiero debe ser sometido a criterios uniformes de control y defendió que las entidades sean evaluadas “con la misma vara”. Su planteamiento apunta a revisar el proceso mediante el cual Sudameris incorporó a Banco Regional y sus efectos sobre trabajadores y clientes de la entidad absorbida.
Soroka puso especial énfasis en la situación de exfuncionarios y ahorristas vinculados con Banco Regional, entidad que durante años tuvo una presencia significativa en Itapúa. Según el senador, existen cuestiones que deberían ser aclaradas por las autoridades, entre ellas presuntas situaciones laborales que habrían afectado a antiguos empleados y reclamos relacionados con certificados de depósito de ahorro (CDA) que, según denunció, permanecen sin ser abonados a determinados ahorristas del departamento.
El parlamentario también cuestionó el tratamiento regulatorio otorgado en determinados procesos de concentración bancaria y planteó interrogantes sobre la proporcionalidad de los beneficios o flexibilidades concedidos por el organismo supervisor. Su pedido busca que el BCP proporcione información que permita determinar bajo qué criterios fueron adoptadas esas decisiones.
En paralelo, el senador Líder Amarilla presentó dos pedidos de informe que amplían el alcance de la revisión parlamentaria. Ambos fueron planteados con solicitud de tratamiento sobre tablas y apuntan a obtener información oficial del regulador sobre operaciones realizadas en el sistema financiero durante los últimos años.
Uno de los requerimientos se concentra en las fusiones y absorciones concretadas en el sector bancario durante el último quinquenio. Entre las consultas se encuentra el proceso de integración entre Banco Atlas y Banco Familiar, respecto del cual se busca determinar si fueron solicitadas medidas regulatorias vinculadas con el diferimiento de pérdidas y, de ser así, cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se autorizaron.
El pedido también pretende conocer la situación de las carteras de créditos vencidos que mantenían BBVA, Banco Regional, Banco Visión y Banco Río al momento de sus respectivas absorciones. Amarilla solicita que se detalle el volumen de esos créditos y la forma en que fueron registrados posteriormente en los estados financieros de las instituciones que incorporaron dichos activos.
El segundo requerimiento presentado por Amarilla dirige la atención hacia Banco Itaú Paraguay y la respuesta institucional frente a denuncias relacionadas con delitos o fraudes cometidos mediante mecanismos digitales.
El legislador busca conocer qué actuaciones desarrolló el Banco Central ante denuncias de particulares relacionadas con movimientos o pérdidas de fondos y qué medidas fueron adoptadas respecto de las instituciones involucradas. También solicitó información sobre eventuales sumarios y sanciones aplicados a Itaú Paraguay durante la última década.
La solicitud incorpora además las denuncias que pudieran haber sido presentadas durante 2025 y 2026 por personas afectadas por presuntos fraudes cibernéticos. En ese sentido, se pide al regulador informar si existen investigaciones relacionadas con posibles conductas de funcionarios de la entidad que pudieran guardar vinculación con hechos de naturaleza informática.
Otro de los puntos incluidos en el requerimiento se refiere a las medidas correctivas que eventualmente haya dispuesto el BCP ante incumplimientos relacionados con la administración de riesgos tecnológicos o informáticos. Para ello, se solicita el envío de antecedentes, inspecciones, informes de supervisión y otros documentos correspondientes a los años 2025 y 2026.
Con estas iniciativas, los senadores buscan ampliar el alcance del control sobre el sistema financiero y obtener información directamente del organismo encargado de su supervisión. La intención, según las exposiciones realizadas en el pleno, es contar con elementos que permitan evaluar tanto los procesos de concentración bancaria como las decisiones regulatorias y la respuesta institucional frente a reclamos de clientes.
Los dos pedidos impulsados por Amarilla contemplan un plazo de 15 días hábiles para que el Banco Central remita la información requerida, una vez que las resoluciones sean aprobadas por la Cámara Alta y comunicadas formalmente al organismo.
