Por Octavio McFarlane
El proceso penal que involucra al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, y a miembros de la junta directiva de la entidad, se ha convertido en uno de los casos más relevantes que enfrenta el sistema financiero paraguayo en las últimas décadas.
Para encontrar antecedentes de una situación de similar impacto, es necesario remontarse a la crisis financiera de los años noventa, que derivó en la caída de entidades como el Banco Alemán y el Grupo Velox en 2002, así como el posterior colapso de Multibanco. En ese contexto histórico, el actual caso vuelve a poner bajo la lupa a un sector que, en los últimos años, ha mostrado signos de solidez.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los directivos del Banco Atlas están siendo investigados por su presunta participación en operaciones vinculadas al lavado de dinero, relacionadas con fondos que habrían pertenecido al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según la Fiscalía, dichas operaciones habrían sido canalizadas a través de instrumentos financieros como fideicomisos y certificados de depósito, los cuales —siempre conforme a la hipótesis fiscal— habrían permitido la circulación de recursos de origen presuntamente ilícito dentro del sistema financiero.
En este punto, es importante subrayar que el caso se encuentra en etapa de acusación, por lo que serán las instancias judiciales correspondientes las que determinen la existencia o no de responsabilidad penal de los acusados pero, fuera de todo subjetivismo y de cualquier atisbo de parcialidad, la situación de Zaldívar y de toda su plana mayor es delicada y sensible por donde se la mire.
No obstante, más allá del resultado final del proceso, el caso ya genera un impacto en términos de percepción y confianza. En el sistema financiero, la credibilidad constituye un activo fundamental, y situaciones de esta naturaleza suelen ser observadas con atención por inversores, clientes y actores internacionales.
En ese sentido, analistas coinciden en que la evolución del caso será clave para evaluar posibles efectos en la imagen institucional de la entidad involucrada, así como en el conjunto del sistema financiero paraguayo.
Por otra parte, la causa también abre interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión. Sin emitir juicios concluyentes, distintos sectores consideran que corresponde analizar si los procedimientos de control funcionaron conforme a lo previsto, en línea con las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de dinero.
En este escenario, se espera que el Banco Central del Paraguay, en el marco de sus atribuciones legales, evalúe la situación y adopte, en caso de corresponder, las medidas administrativas pertinentes, siempre respetando el debido proceso.
El caso se encamina ahora hacia una etapa clave, donde la Justicia deberá analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa, garantizando el respeto al principio de presunción de inocencia y a las garantías procesales.
Finalmente, más allá de las responsabilidades individuales que pudieran determinarse, el desafío para las autoridades será contener el impacto y evitar efectos sistémicos. La prioridad, coinciden especialistas, debe ser preservar la estabilidad del sistema financiero y la reputación del país como plaza confiable.
De lo contrario, Paraguay podría volver a caer en la lista gris del Gafi y perder la reputación que ha sabido ganar como una jurisdicción financiera seria, estable y predecible.
El BCP, echando mano a la Ley General de Bancos y a su Carta Orgánica, debería disponer inmediatamente la suspensión temporal de todos los directivos del Banco Atlas acusados en el marco de este proceso penal, de modo a velar por la seguridad y estabilidad del sistema financiero y evitar que esto pase a mayores.
