1. Un documento que esconde más de lo que dice
La Coalición por los Bosques, conformada por 67 organizaciones ambientalistas, presentó ante la Honorable Cámara de Diputados un documento en contra del proyecto de ley que modifica los límites del Parque Nacional Médanos del Chaco.
A simple vista, parece un alegato técnico en defensa del ambiente. Pero un análisis detenido revela algo muy distinto: un documento plagado de omisiones, falsas equivalencias y una estrategia de comunicación diseñada para paralizar, no para construir.
La coalición tiene derecho a opinar. Lo que no tiene derecho es a mentir por omisión, a ocultar hechos clave y a presentar como «defensa de la vida» lo que en realidad es inmovilismo extremo disfrazado de ambientalismo.
Vamos a desmontar, punto por punto, el análisis sesgado y malicioso de este documento.
- La omisión imperdonable: ocultar que la concesión es anterior al parque
El documento de las ONG habla extensamente de la «protección del parque», de la «intangibilidad» y de la «no regresión ambiental». Pero omite un hecho central, quizás el más importante de todo el conflicto:
El Bloque Gabino Mendoza fue concesionado por Ley N° 1028/1983. El parque fue creado por Ley N° 5723/2016.
Los derechos de la empresa PCMSA preexisten en más de 30 años a la creación del área protegida. No es una «intrusión» en el parque. Es una concesión que estaba antes.
El documento de las ONG no menciona este hecho ni una sola vez. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, su argumento central —»no se puede tocar el parque»— se derrumbaría. No se está «tocando» un parque virgen. Se está corrigiendo una superposición legal que nunca debió ocurrir.
Eso no es «defensa del ambiente». Es ocultamiento de información clave para manipular la opinión pública.
2. La falsedad numérica: ¿»destrucción» o ajuste del 6%?
El documento de las ONG habla de «reducir la protección» y «poner en riesgo el parque». Pero los números, una vez más, los omiten.
De las más de 605.000 hectáreas del Parque Nacional Médanos del Chaco, el proyecto afecta aproximadamente 35.000 hectáreas (6%), donde ya existe la concesión preexistente.
El 94% restante del parque sigue protegido, intacto e intangible.
Preguntamos a la Coalición por los Bosques: ¿dónde está la «destrucción» en ajustar el perímetro de un parque en un 6% para corregir un error legal, manteniendo el 94% bajo la más estricta protección?
La respuesta es que no la hay. El 94% sigue ahí, protegido. La «destrucción» es una construcción narrativa, no una realidad territorial.
Esto no es defensa ambiental. Es manipulación numérica y alarmismo infundado.
3. La contradicción selectiva: un Estado que es incoherente, pero las ONG lo ocultan
El documento de las ONG cita leyes y tratados internacionales para aparentar solidez jurídica. Pero omite mencionar que el mismo Estado paraguayo que creó el parque en 2016 también aprobó, ese mismo año, el Decreto N° 6092/16, que establece como política nacional incentivar la producción de hidrocarburos para reducir la dependencia externa.
¿Cómo se puede incentivar lo que una ley posterior prohíbe?
El documento de las ONG no menciona esta contradicción. No la discute. No la refuta. Simplemente la ignora, porque reconocerla implicaría admitir que el proyecto no es un «capricho empresarial», sino una necesidad de coherencia institucional.
Las ONG no están defendiendo la coherencia del Estado. Están explotando su contradicción para paralizar cualquier solución.
4. El falso argumento económico: «No hay viabilidad» cuando ya hubo producción
El documento de las ONG afirma: «Tras décadas de exploración, no se han identificado yacimientos de hidrocarburos con viabilidad comercial comprobada.»
Esta afirmación es, lisa y llanamente, falsa.
Entre 1993 y 2016, el pozo Independencia #1 produjo 27.200 metros cúbicos por día de gas. Ese gas fue vendido a ANDE. Con ese gas se electrificó Bahía Negra. El Viceministerio de Minas y Energía lo documentó en 2016.
La viabilidad comercial no es una opinión. Es un hecho histórico.
Lo que el documento de las ONG llama «falta de viabilidad» es, en realidad, la prohibición legal de seguir operando impuesta por la superposición normativa. No es que el gas no sirva. Es que una ley se lo impide.
Esto no es análisis técnico. Es desinformación activa.
5. El chantaje internacional: usar tratados para amenazar, no para construir
El documento de las ONG advierte que el proyecto «pone en riesgo la credibilidad internacional del Paraguay» y podría afectar el tratado MERCOSUR-UE.
Es una amenaza velada, y es profundamente irresponsable.
La Unión Europea no solo exige conservación. Exige descarbonización (estemos o no de acuerdo con esta política fracasada en Europa y donde se aplica), en este caso, sustituir diésel importado (altamente contaminante) por gas natural local (mucho más limpio) reduce la huella de carbono del Paraguay. Eso es cumplir el tratado, no violarlo.
Además, la credibilidad internacional se pierde cuando un país no puede garantizar su propia seguridad energética. Paraguay importa el 100% de sus combustibles. Pagamos el diésel más caro de la región. Gastamos más de 400 millones de dólares al año en urea importada.
Esa es la verdadera pérdida de credibilidad: ser el único país sudamericano que prohíbe usar su propio gas mientras importa todo de afuera.
Las ONG no están defendiendo la imagen internacional del Paraguay. Están utilizando el miedo a sanciones como herramienta de presión política.
6. La solución que las ONG no quieren ver (porque no les conviene)
El documento de las ONG no ofrece ninguna solución. Solo dice «no». No propone cómo resolver la contradicción legal. No propone cómo financiar mejor la conservación del parque. No propone cómo generar energía firme para el Chaco. No propone cómo reducir la importación de combustibles y fertilizantes.
Solo dice: «Rechazar el proyecto y abrir una mesa técnica». En la práctica, congelar todo.
Nosotros, en cambio, ofrecemos una solución concreta y razonable:
- Exclusión acotada: Se excluyen las 35.000 hectáreas del bloque concesionado (6% del parque). El 94% restante sigue protegido.
- Fideicomiso estatal-universitario: Las regalías se administran por MADES + Ministerio de Minas + Universidades (UNA, UCA, etc.). Fondo destinado a reforzar la conservación.
- Control ambiental riguroso: EIA previo, auditorías externas, servidumbres ecológicas, monitoreo continuo, corrección si falla.
Las ONG no quieren esta solución porque pierden el monopolio de la bandera ambiental y tal vez los fondos de sus mandantes extranjeros y financistas.
7. Conclusión – El extremo no construye, solo paraliza
El documento de la Coalición por los Bosques es un ejemplo perfecto de ambientalismo de extremo: omite los hechos que le molestan, exagera los riesgos, oculta las soluciones y apela al miedo y a la amenaza internacional para imponer su posición.
No es defensa de la vida. Es inmovilismo disfrazado de ecología.
Paraguay puede —y debe— proteger sus bosques y aprovechar sus recursos. Eso no es contradictorio. Es desarrollo sostenido en serio.
Defender la vida también es defender que el Chaco tenga luz firme, que los productores no paguen el combustible más caro de la región, y que Paraguay deje de ser dependiente para ser soberano.
El extremo no construye. Solo paraliza. No dejemos que nos paralicen.
«El documento de las ONG omite que la concesión es de 1983, que el gas ya produjo 27.200 m³/día y que solo se ajusta el 6% del parque. Eso no es ambientalismo. Es manipulación.»
