El Tribunal Superior de Justicia Electoral sento una clara posicion en su rol. Con el vencimiento de los plazos, ONGs ligadas a Soledad Núñez y a Bruno Defelippe quedaron fuera de las mesas del 4 de octubre.
Quien pretende proponer observadores propios en el recuento no está defendiendo la ciudadanía. Está intentando sentar a un actor de campaña en el lugar del árbitro. Eso no es veeduría. Es partidización con sello de ONG.
El TSJE protegió su prestigio al no repetir el error de tratar como neutrales a estructuras que ya fueron inhabilitadas en 2023 precisamente por eso: candidaturas y dirigentes en el directorio, militancia en la práctica, discurso cívico en la fachada. Las ONGs vinculadas a la agenda 2030 no mutaron de naturaleza porque cambió el año electoral. Siguieron siendo el mismo aparato, con los mismos orígenes y el mismo conflicto de interés.
Hay dos razones, y ambas son de sentido común:
- No se puede fiscalizar lo que se pretende ganar. Una organización nacida y dirigida por quienes hoy compiten no observa. Incide. El paso de “formación civil” a candidatura no es un detalle biográfico. Es la prueba de que la entidad dejó de ser independiente para convertirse en herramienta de proyección política.
- El financiamiento no es un adorno. Plataformas que reciben fondos de cooperación internacional para “incidencia” y “formación de liderazgos” no pueden, el mismo domingo, pretender juzgar actas con cara de imparciales. Quien cobra para mover la agenda política no es árbitro. Es parte. El reglamento de 2026 —transparencia de fondos, nóminas, inhabilitaciones— no “restringió la participación”. Invalido la impostura.
El esquema respetara la ley electoral: control cruzado entre partidos, apoderados y veedores acreditados en los 263 distritos, más las misiones internacionales (OEA, UNIORE y el resto de convenios formales). Eso no es un vacío. Es el sistema previsto por el Código Electoral. Los partidos se controlan entre sí. Los internacionales actuan de observadores. Nadie con camiseta propia entra a la mesa disfrazado de sociedad civil.
El entorno de Núñez dentro de nada gritara: “restricción al derecho ciudadano”. Traducción: les cerraron el atajo. Quieren el sello de observador para operar dentro del perímetro de las mesas, no para formar civismo. Si la formación cívica fuera el objetivo, no necesitarían credencial de veeduría el día del recuento.
El TSJE hizo lo que debía: separar control de campaña. Quien quiera fiscalizar, que lo haga por la vía partidaria, con apoderados a la vista. Quien quiera hacer política, que la haga en la urna, no infiltrado en la mesa con membrete de ONG.
