Durante años, la compra de títulos universitarios fue uno de esos temas de los que se hablaba con naturalidad en Paraguay. No era un rumor encerrado entre cuatro paredes. Se comentaba en universidades, entre docentes, estudiantes y profesionales. Se hablaba en oficinas públicas, en reuniones sociales y hasta en las calles. Era, para muchos paraguayos, un secreto a voces.
Puedo dar fe de ello. Llevo once años viviendo en Paraguay y, prácticamente desde mi llegada, escuché hablar de la existencia de un mercado clandestino de títulos universitarios. No se trataba de una conversación ocasional. El tema aparecía una y otra vez, como parte de esas historias que la sociedad termina naturalizando porque asume que nadie hará nada para cambiarlas.
Y, sin embargo, una cosa es que toda una sociedad intuya que existe un problema y otra muy distinta es que una autoridad decida enfrentarlo.
Eso es precisamente lo que distingue la actuación del ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez.
Por primera vez en muchos años, el MEC decidió investigar de manera integral el sistema de registro de títulos universitarios. Lo que durante décadas parecía reducido a comentarios, sospechas y denuncias dispersas derivó en un sumario administrativo que identificó a funcionarios presuntamente involucrados, detectó cientos de títulos bajo sospecha y motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Ese paso no debería pasar inadvertido.
Porque las sociedades no se degradan únicamente cuando aparece la corrupción. También lo hacen cuando la corrupción se vuelve tan cotidiana que deja de sorprender. Eso fue lo que ocurrió durante años con los títulos falsos en Paraguay.
El mérito de la actual administración no consiste en haber descubierto un problema desconocido. El problema era ampliamente comentado. Su mérito consiste en haber tenido la decisión política de investigarlo, asumir el costo institucional que ello implica y poner en marcha un proceso que, de confirmarse las irregularidades, podría convertirse en una de las mayores depuraciones del sistema educativo paraguayo.
Los números conocidos hasta ahora hablan de 330 títulos bajo sospecha, 13 funcionarios individualizados por su presunta participación en registros irregulares y 130.000 acciones anómalas detectadas dentro del sistema informático del Ministerio, además de una denuncia penal ya presentada ante la Fiscalía. Son hechos que muestran que la investigación no quedó en un discurso, sino que avanzó hacia medidas concretas.
Ahora comienza la etapa más importante. La sociedad paraguaya merece conocer toda la verdad. Si hubo personas que compraron títulos, quienes los vendieron, quienes los registraron y quienes se beneficiaron de ese fraude deberán responder ante la Justicia. No puede haber excepciones.
Porque cada título falso representa mucho más que un documento adulterado. Es una injusticia para quienes estudiaron con esfuerzo, un golpe a la credibilidad de las universidades, un riesgo para la ciudadanía cuando habilita el ejercicio de profesiones sin la formación adecuada y una lesión al principio del mérito sobre el cual debe construirse cualquier sociedad seria.
Después de once años viviendo en Paraguay, estoy convencido de que este país tiene un enorme potencial precisamente porque cuenta con una ciudadanía que valora el esfuerzo y la educación. Por eso mismo, combatir la cultura del atajo también es una forma de defender el futuro.
La investigación iniciada por el MEC no resolverá por sí sola un problema acumulado durante años. Pero sí marca un punto de inflexión. Hay momentos en que la credibilidad de las instituciones comienza a recuperarse cuando alguien se anima, por fin, a abrir la puerta que durante demasiado tiempo permaneció cerrada.
