La situación institucional en Venezuela volvió a generar debate luego de que el aparato comunicacional del oficialismo comenzara a presentar a Delcy Rodríguez como presidenta de la República, omitiendo la condición de «encargada» con la que había asumido el Poder Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un operativo atribuido a fuerzas especiales de Estados Unidos.
Hasta hace pocos días, las comunicaciones oficiales identificaban a Rodríguez como presidenta «(e)», una abreviatura utilizada para indicar que ejercía el cargo de manera temporal. Sin embargo, esa referencia desapareció de los comunicados recientes, alimentando cuestionamientos sobre la naturaleza jurídica de su permanencia al frente del Ejecutivo.
El cambio ocurre en un contexto en el que el gobierno venezolano continúa evitando declarar la falta absoluta de Maduro. El argumento oficial sostiene que la captura del mandatario como consecuencia de una intervención militar extranjera no figura entre las causales previstas por la Constitución para declarar vacante la Presidencia.
Ante esa situación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya independencia ha sido cuestionada por diversos sectores, emitió una resolución en la que creó la figura de la «ausencia forzosa», un concepto que no está expresamente contemplado en la Constitución venezolana.
Mediante ese fallo, el máximo tribunal dispuso que Delcy Rodríguez asumiera «en condición de encargada» todas las atribuciones correspondientes al jefe de Estado, justificando la decisión como una medida destinada a garantizar la continuidad administrativa del país y la defensa de las instituciones.
No obstante, la permanencia indefinida de Rodríguez en esa condición comenzó a generar críticas entre especialistas en derecho constitucional, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes sostienen que el mecanismo adoptado por el TSJ carece de sustento constitucional y vulnera las disposiciones previstas para la sucesión presidencial.
Los cuestionamientos apuntan especialmente a que la Constitución establece procedimientos específicos para los casos de ausencia temporal o absoluta del presidente, mientras que la figura de la «ausencia forzosa» habría sido creada por vía judicial para atender una situación no contemplada expresamente por el texto constitucional.
La eliminación de la letra «(e)» en las referencias oficiales también ha sido interpretada por algunos analistas como un intento de consolidar la imagen de Delcy Rodríguez como titular plena del Poder Ejecutivo, en medio de un escenario donde persisten interrogantes sobre la legitimidad y el alcance de su mandato.
Mientras el oficialismo insiste en la continuidad institucional bajo el esquema definido por el TSJ, el debate jurídico y político sobre la legalidad de esa decisión continúa abierto y se perfila como uno de los principales focos de discusión sobre la actual situación institucional venezolana.
