Resulta difícil encontrar a alguien dentro del sector ganadero que se oponga a promocionar la carne paraguaya. Después de décadas de trabajo, el país logró construir una reputación internacional basada en la calidad sanitaria, la eficiencia productiva y la apertura de nuevos mercados. La discusión, por lo tanto, no gira alrededor del objetivo, sino del camino elegido para alcanzarlo.
La propuesta de crear un Instituto Paraguayo de la Carne plantea una pregunta mucho más profunda que la simple conveniencia de contar con un organismo de promoción: ¿debe el Estado obligar a todos los productores a financiar una estructura que algunos consideran necesaria y otros no?
La experiencia latinoamericana obliga a responder esa pregunta con prudencia, ya que nuestra región está llena de instituciones que nacieron con propósitos específicos y terminaron desarrollando vida propia. Lo que inicialmente se presenta como una oficina técnica termina convirtiéndose en un organismo permanente, con directorios, funcionarios, presupuesto creciente y una lógica muy distinta a la de quienes producen todos los días y es ahí donde deja de ser un problema administrativo para convertirse en uno económico.
Toda estructura necesita sostenerse. Cuando ese sostenimiento depende de aportes obligatorios, deja de ser una herramienta voluntaria para transformarse en un costo fijo incorporado a la producción. Ese costo, por pequeño que parezca en un principio, nunca desaparece. Al contrario, suele aumentar con el paso del tiempo.
Quienes impulsan el instituto sostienen que la promoción internacional requiere recursos estables. Es un argumento legítimo, sin embargo, también es legítimo preguntarse por qué esos recursos deberían provenir obligatoriamente de todos los productores, incluso de aquellos que no comparten el modelo o que ya realizan sus propias inversiones comerciales.
En un mercado libre, las empresas promocionan sus productos utilizando recursos propios. Los frigoríficos paraguayos llevan años participando en ferias internacionales, desarrollando marcas, abriendo mercados y estableciendo relaciones comerciales sin necesidad de una contribución compulsiva administrada por un tercero.
En ese escenario, el pequeño productor termina financiando una estructura sobre cuya conducción probablemente tenga escasa incidencia. El productor mediano incorpora un nuevo costo a una actividad cuyos márgenes ya enfrentan múltiples presiones. La industria absorbe parte del impacto y otra parte termina trasladándose al consumidor mediante precios más elevados.
La historia demuestra que los impuestos sectoriales rara vez permanecen inalterables. Una vez creada la estructura, aparecen nuevas funciones, nuevos programas y, naturalmente, nuevas necesidades presupuestarias. Lo excepcional termina convirtiéndose en permanente.
Los antecedentes tampoco resultan alentadores. Países que incrementaron la intervención estatal sobre la cadena cárnica vieron deteriorarse progresivamente su competitividad. Argentina constituye probablemente el ejemplo más cercano: controles, organismos, regulaciones y restricciones que terminaron debilitando uno de sus sectores exportadores más emblemáticos.
Paraguay recorrió un camino diferente. La expansión de su ganadería estuvo asociada a reglas relativamente simples, inversión privada y una creciente apertura internacional. Ese modelo permitió posicionar la carne paraguaya entre las más valoradas del mundo sin crear nuevas cargas sobre quienes producen.
El desafío de los próximos años consiste en ampliar esa presencia internacional, no en aumentar los costos internos.
Promocionar la carne paraguaya es una meta compartida. Financiar esa promoción mediante un esquema obligatorio es otra discusión completamente distinta. Porque cuando una buena idea depende de recursos obtenidos por imposición, deja de debatirse únicamente la conveniencia del proyecto. También comienza a debatirse el límite entre fomentar una actividad y cargarla con una nueva obligación que terminará pagando toda la cadena productiva, incluido el consumidor final.
