La experiencia reciente de Colombia se ha convertido en un caso de estudio para los países de la región que buscan avanzar hacia una transición energética. Más allá del debate ambiental, la discusión colombiana dejó al descubierto un desafío central: qué ocurre cuando las decisiones políticas avanzan más rápido que la capacidad real de garantizar el abastecimiento energético.
Durante la administración del presidente Gustavo Petro, el Gobierno colombiano decidió no impulsar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, una medida presentada como parte de una estrategia orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la transición hacia fuentes renovables de energía.
La decisión fue respaldada por sectores ambientalistas y organizaciones que promueven una reducción progresiva de las emisiones de carbono. Sin embargo, también generó fuertes cuestionamientos de gremios empresariales, especialistas en energía y sectores de la oposición, que advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para la seguridad energética del país.
Las preocupaciones no tardaron en aparecer. Ecopetrol reconoció que Colombia podría enfrentar déficits de gas a partir de 2025 si no incorporaba nuevas reservas, una situación que obligó al país a analizar con mayor intensidad la importación de gas natural licuado para cubrir futuras necesidades de consumo.
El debate colombiano pone de relieve una realidad que trasciende las fronteras nacionales: la transición energética requiere planificación, infraestructura y fuentes alternativas capaces de sostener la demanda antes de sustituir recursos estratégicos.
Los combustibles fósiles continúan desempeñando un papel relevante en la economía colombiana. Datos citados por organismos internacionales indican que el sector representa aproximadamente el 10% de los ingresos fiscales, cerca del 35% de las exportaciones y alrededor del 4% del producto interno bruto del país. Estas cifras explican por qué cualquier modificación en la política energética genera impactos económicos, fiscales y sociales de gran magnitud.
Para Paraguay, el caso adquiere una relevancia especial en momentos en que se discute el futuro de los recursos energéticos disponibles en el Chaco. Diversos especialistas sostienen que la experiencia colombiana demuestra la importancia de evitar decisiones que limiten el aprovechamiento de recursos propios sin contar previamente con alternativas suficientemente desarrolladas.
El debate cobra fuerza particularmente en torno al potencial del gas natural chaqueño, considerado por algunos sectores como una herramienta de respaldo para acompañar el crecimiento de la demanda energética nacional, la industrialización y la diversificación de la matriz energética.
La discusión no enfrenta necesariamente desarrollo y protección ambiental. Lo que plantea es la necesidad de evaluar con criterios técnicos, económicos y estratégicos cuál es la mejor combinación de recursos para garantizar seguridad energética, competitividad y sostenibilidad.
En ese contexto, analistas advierten que Paraguay debe construir una política energética basada en sus propias condiciones geográficas, económicas y ambientales, evitando replicar modelos diseñados para realidades distintas.
La experiencia colombiana muestra que una transición energética mal secuenciada puede generar mayores costos para hogares, industrias y para el propio Estado. También recuerda que la seguridad energética sigue siendo un factor determinante para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y el desarrollo productivo.
Para Paraguay, la principal lección parece clara: la transición hacia nuevas fuentes de energía requiere planificación, pero también realismo. La discusión no debe centrarse únicamente en qué energía reemplazar, sino en cómo garantizar que el país disponga de recursos suficientes para sostener su desarrollo en las próximas décadas.
