La vicepresidenta del organismo denunciada por prevaricato expone la podredumbre de un sistema que exige transparencia a los Estados mientras la viola sistemáticamente
El 12 de marzo de 2026, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Catella vs. Argentina, el representante del Estado argentino, Joaquín Mogaburu, pronunció una frase que debería haber paralizado el recinto:
“Argentina permaneció durante años en una situación de absoluta indefensión. El área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba dirigida por una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia. No existía constancia de excusación o apartamiento pese al evidente conflicto de intereses. Se omitió enviar treinta kilos de expedientes a la CIDH para la defensa del Estado” .
Esa funcionaria, señalada en la audiencia, es Andrea Pochak: comisionada argentina, actual Primera Vicepresidenta de la CIDH, y ex Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la misma ONG que promovió la petición contra Argentina.
Dos días después de que el politólogo Agustín Laje destapara el caso ante sus 2,7 millones de seguidores, un abogado independiente presentó una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Argentina.
Los cinco delitos que sacuden los cimientos del sistema
La denuncia pide investigar a Pochak por: abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, prevaricato de abogados, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino. En el centro de la acusación está el denominado “caso Catella”, donde Pochak habría actuado primero como parte acusadora del Estado —desde el CELS, que presentó la petición ante la CIDH— y luego como defensora del Estado, desde la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández, sin excusarse jamás.
El expediente revela un agravante sin precedentes: durante la gestión de Pochak en la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos (2019-2023), se habría producido una “inacción absoluta e inexplicable” que dejó a Argentina en “absoluta indefensión”, omitiendo enviar treinta kilos de pruebas a la CIDH.
La misma ONG, el mismo caso, el mismo conflicto
Pochak fue Directora Ejecutiva Adjunta del CELS entre 2002 y 2011. Durante ese período, el CELS impulsó la denuncia contra Argentina en el caso Catella. Años después, ya como funcionaria del Estado, Pochak debía defender precisamente a quien antes había acusado.
Según el reglamento de la CIDH (artículo 1), los comisionados deben ser “personas de alta autoridad moral”. Pochak no habría sido elegida comisionada en 2023 si este conflicto de intereses se hubiera conocido. Sin embargo, el mecanismo de selección del gobierno argentino —que la presentó como una jurista de “legitimidad ética” — ocultó o ignoró este dato fundamental.
Un patrón que se repite
El caso Catella no es el único. La denuncia señala que Pochak y otros funcionarios del área de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernández —incluidos el actual diputado Horacio Pietragalla Corti y Gabriela Kletzel— tuvieron responsabilidades en al menos tres causas emblemáticas ante organismos internacionales: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera. En todos ellos, se habría repetido el mismo esquema: funcionarios con vínculos previos con ONG peticionarias actuando desde el Estado en causas que ellos mismos habían promovido.
La CIDH no puede lavarse las manos
La respuesta de la CIDH hasta ahora ha sido el silencio y la opacidad. Hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, otro comisionado —Arif Bulkan— debió renunciar por un conflicto de intereses después de que la Comisión ya no pudiera ocultarlo. El mismo reglamento que exige “alta autoridad moral” fue violado por la propia institución.
Ahora, su vicepresidenta está denunciada penalmente. No es un rumor, no es una especulación: hay una denuncia formal, hay una audiencia pública documentada, hay un conflicto de intereses flagrante. La jueza presidenta de la CIDH, Nancy Hernández López, afirmó en enero de 2024 que el tribunal “no recibe financiamiento condicionado”. El Global Center for Human Rights respondió con evidencia documental que desmintió sus declaraciones. El mismo patrón de negación se repite ahora, pero esta vez no se trata de fondos condicionados. Se trata de la integridad moral de la persona que ocupa la vicepresidencia.
El doble rasero de la CIDH
Mientras la vicepresidenta de la CIDH es denunciada por prevaricato, desde el mismo cargo Andrea Pochak emite informes advirtiendo que la democracia guatemalteca está “en peligro” por el control de la justicia, señalando “procesos viciados por prácticas irregulares” en la elección de autoridades judiciales.
No hay contradicción. Es el mismo patrón de siempre: un sistema que se erige en juez de los Estados mientras no aplica a sus propios miembros los estándares que exige a los gobiernos.
El razonamiento es simple, y la CIDH no puede escapar de él:
- Exige a los Estados jueces y funcionarios intachables. Su vicepresidenta está denunciada por prevaricato.
- Exige a los Estados transparencia en la designación de autoridades. Su vicepresidenta fue elegida en un proceso que ocultó su conflicto de intereses.
- Exige a los Estados independencia judicial. Su vicepresidenta representa a la misma ONG que promovió el caso en el que luego debía defender al Estado.
- Exige a los Estados rendición de cuentas. Su vicepresidenta no se excusó del caso pese al evidente conflicto.
Nadie puede dar lo que no tiene.
La CIDH no es un tribunal. Es una prótesis de una ONG
Este escándalo no es un caso aislado. Es la manifestación más reciente de una podredumbre sistémica que el Global Center for Human Rights viene documentando desde 2009: financiación condicionada, opacidad en la rendición de cuentas, conflictos de interés estructurales, una agenda capturada por actores externos.
El sistema interamericano ha perdido su independencia, su imparcialidad y su legitimidad. No puede reclamar lo que no tiene. No puede exigir a los Estados una integridad que sus propios miembros no poseen.
¿Quién vigila a los vigilantes? Los Estados partes deberían ser los que presionen para que estas gravísimas irregularidades sean sancionadas y lograr la erradicación de estas prácticas corruptas.
La redacción de este articulo coincide con el inicio el 56º periodo de sesiones ordinarias de la OEA en Panamá el 22 de junio y a pesar de la gravedad de la denuncia contra Pochak (abuso de autoridad, prevaricato, etc.), el asunto no ha trascendido a la agenda pública de la Asamblea. La comunidad internacional, al menos en los espacios públicos, parece haber optado por el silencio sobre esta controversia, manteniendo el foco en los temas programados. Esta omisión es un hecho relevante que resalta la desconexión entre las exigencias de transparencia del sistema y la gestión de sus propias crisis de credibilidad.
Todavía hay tiempo para que alguna delegación de los Estados partes de la OEA, o al menos la delegación de Paraguay, siente postura y no permanezca callada ante la corrupción manifiesta de la Vicepresidente de la CIDH, al fin y al cabo es la Corte la que cada tanto condena a nuestros Estados a pagar siderales indemnizaciones cuando somos condenados en estas instancias internacionales.
Este y otros varios y graves antecedentes, cada vez más ponen en duda la legitimidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
