En los últimos días, algunos medios de comunicación parecen haber perdido toda proporción: primero, frente a una investigación judicial que alcanza a un banco de un poderoso grupo económico; ahora, porque se les exige acreditarse para trabajar dentro de la Cámara de Diputados. La reacción indignada de ciertos periodistas parte de una premisa equivocada: que la libertad de prensa equivale a libre circulación sin reglas dentro de cualquier institución. No es así.
El pedido de acreditación de la Cámara de Diputados del Paraguay no es un intento de censura, sino una práctica estándar en democracias consolidadas. Los parlamentos no son plazas públicas; son espacios de trabajo institucional donde se legisla, se negocia y, muchas veces, se tratan asuntos sensibles. Pretender acceso irrestricto en nombre de la prensa no solo es jurídicamente débil, sino también funcionalmente problemático.
La acreditación cumple funciones básicas: ordena el acceso, garantiza seguridad y establece responsabilidades. Saber quién ingresa, en qué calidad y bajo qué normas no restringe la libertad de informar; la organiza. De hecho, lejos de limitar, profesionaliza la cobertura: fija reglas claras para todos y evita arbitrariedades.
Confundir regulación con censura es un error que debilita la discusión pública. La libertad de prensa —defendida históricamente por figuras como John Stuart Mill— nunca fue absoluta. Siempre convivió con otros bienes: el orden institucional, la seguridad y los derechos de terceros. Sin esos contrapesos, la propia credibilidad del sistema informativo se erosiona.
Además, la acreditación no impide investigar, criticar ni publicar. Un periodista acreditado sigue pudiendo hacer preguntas incómodas, revelar irregularidades o cuestionar decisiones políticas. Lo único que cambia es que lo hace dentro de un marco conocido, transparente y común para todos.
Hay, por supuesto, una línea que no debe cruzarse: usar la acreditación como filtro ideológico o mecanismo de exclusión arbitraria. Si eso ocurriera, sí estaríamos ante un problema serio. Pero exigir registro y normas de acceso no es eso; es gestión básica de una institución pública.
En definitiva, la decisión de la Cámara no restringe la libertad de prensa: la encuadra. Y sin encuadre, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en una excusa.
