La democracia no debe permitir que sus propias luchas internas la distraigan de la infiltración.
La vergüenza, y no la culpa, es la moneda de cambio del escándalo. En 2022, precisamente el Día contra la Corrupción, la policía belga descubrió 1,5 millones de euros en efectivo metidos en las maletas de varios altos cargos de la UE a cambio de diversos favores políticos. El caso aún está en fase judicial, pero parece que, a cambio de una suma bastante venal, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y Pier Antonio Panzeri cerraron un debate sobre el historial de Catar en materia de derechos humanos. Es escandaloso que la democracia europea pueda comprarse, pero es aún peor que los financiadores extranjeros puedan jugar al juego del «dinero por influencia» sin arriesgar nada y luego escabullirse en la clandestinidad mientras los altos funcionarios europeos sirven como chivos expiatorios de su reputación. Ahora que Tucker Carlson, el rey Carlos y docenas de congresistas estadounidenses se han sumado al ruidoso coro de elogios hacia Catar, debemos preguntarnos: ¿quiénes son los mecenas que se aprovechan de la corrupción europea y no merecen ellos también una parte de la vergüenza?
Una avalancha de estas preguntas ha inundado los medios de comunicación y las calles de Bruselas, mientras una campaña de vallas publicitarias instaba al Barrio Europeo a prestar atención a su propio papel en el florecimiento del fundamentalismo wahabí radical.
Catar no es aliado de Occidente en ningún sentido ideológico. Financia el terrorismo, da cobijo a los talibanes y a los Hermanos Musulmanes y ataca a las sociedades europeas divididas con propaganda islamista. Sin embargo, hace todo esto con el beneplácito de Occidente.
Muchas figuras públicas occidentales nunca se recuperarán del golpe a su reputación que supone el mero hecho de aparecer mencionadas en los archivos de Epstein; sin embargo, al estar a salvo del escrutinio público y protegidos por los controles de prensa de un régimen wahabí radical, el Gobierno de mi país es ignorado por esa misma asociación y recibido con los brazos abiertos precisamente por aquellas personas que condenan a los líderes democráticos por sus escándalos. Me vi obligado a abandonar mi país por defender la democracia, por lo que observo estos dobles raseros con frustración desde mi exilio en Inglaterra.
No todos los planes de Catar para comprar influencias en Europa y Occidente implican, por supuesto, actividades delictivas, pero el discurso público moralista pasa por alto la parcialidad sistémica de los «intercambios culturales» financiados por patrocinadores extranjeros, que suponen una amenaza real porque damos por sentado que, si algo está a la vista de todos, no hay nada que ocultar y, por lo tanto, nada de qué preocuparse.
Catar ya ha gastado 80 millones de dólares en la construcción de 140 mezquitas en Europa. Catar se permite creer que esto es caridad —o «zakat»—, uno de los cinco pilares del islam. Pero la caridad se da por voluntad propia y no espera nada a cambio. El dinero que Catar gasta en mezquitas procede del erario público y se destina estratégicamente a lugares donde es bien sabido que el voto islámico decide las elecciones nacionales. En lo que respecta a la manipulación de los distritos electorales en las nuevas repúblicas de los Balcanes y a ejercer influencia sobre estos márgenes críticos, este mecenazgo resulta, sin duda, muy rentable. El hiyab se ve ahora con frecuencia en las calles de Sarajevo y ¿quién se atreverá a cuestionar el derecho de Al Jazeera a emitir propaganda de los Hermanos Musulmanes en la UE, mucho después de que se haya acabado con la propaganda rusa?
En realidad, Catar no tiene que lidiar con problemas de territorio nacional ni de cohesión social. Se constituyó como Estado en 1971, se ha afianzado como un «aliado importante no miembro de la OTAN» y limita con una extensión desierta de Arabia. A pesar de que el 85 % de su población son trabajadores contratados procedentes del extranjero, nunca se ha planteado la posibilidad de concederles pasaportes, y mucho menos la libertad de los ciudadanos. El país es, en esencia, un hotel de cinco estrellas para sus dirigentes quienes, a pesar de carecer de cualquier aparato cultural o civil propio de una sociedad occidental, se han convertido en la población más rica del planeta gracias a sus vastos recursos de gas natural.
Naturalmente, esta riqueza crea un mercado para productos, marcas, estilos de vida y legado que Catar no puede producir en su propio territorio y que Occidente está más que dispuesto a vender. Quizás el producto de consumo más puro que Occidente puede franquiciar a Catar sea el «credencialismo»: la sabia deferencia de las universidades que representa la aprobación de miles de años de civilización a través de los títulos que otorgan.
HEC París, varias universidades británicas y Cornell, Carnegie Mellon, Georgetown, Texas A&M y Virginia Commonwealth se han establecido en Catar. El dinero fluye desde Doha hacia estas y otras instituciones, que a su vez ejercen una gran influencia sobre las mentes y los corazones del mundo secular. El consiguiente deterioro de la rendición de cuentas en lo que respecta a la política exterior occidental hacia Catar es, me temo, el resultado de un intercambio cultural que Europa no comprende.
Nos damos cuenta cuando China gasta millones en institutos Confucio y surgen serias dudas, por ejemplo, sobre si se puede confiar en que estos centros de enseñanza ofrezcan una visión fiel de las reivindicaciones de soberanía de Taiwán. Pero también entendemos que China es una civilización de 1.400 millones de ciudadanos que tiene mucho que perder con la inestabilidad mundial. Este «daño colateral» humano constituye una especie de responsabilidad. Catar recibe menos atención porque Occidente sigue pensando en los estereotipos de la Guerra Fría sobre civilizaciones hostiles que aspiran a la expansión territorial nacional, y resulta difícil atribuir una amenaza al patrocinio amistoso de un emirato rico en gas, con 300 000 ciudadanos y fundado en 1971.
Cuando el Occidente democrático colabora con sociedades que carecen de rendición de cuentas o de debate nacional, cualquier debacle pública dará lugar a que se culpe al socio expuesto y a que se transfieran el prestigio y el poder al socio protegido. La infiltración de Catar no siempre se produce en forma de orden directa, como parece haber ocurrido en el escándalo del «Qatargate» del Parlamento Europeo, pero, no obstante, mi país neutraliza la respuesta de las autoridades occidentales a la dictadura wahabí radical mediante la adulación, el clientelismo y la propaganda. Si nos tomamos la democracia y la rendición de cuentas tan en serio como decimos, no se debería permitir que Catar se salga con la suya.
