La decisión de gremios docentes de impulsar un paro nacional volvió a generar fuertes cuestionamientos luego de que varias gobernaciones del país confirmaran la suspensión del servicio de alimentación escolar en numerosas instituciones educativas.
Las gobernaciones de Ñeembucú, San Pedro, Alto Paraná, Alto Paraguay y Caazapá comunicaron oficialmente que este martes y miércoles no se distribuirán alimentos en las escuelas, ante el anuncio del paro docente que implica la ausencia de maestros y directores en los centros educativos.
Las autoridades departamentales explicaron que la medida responde a las acciones impulsadas por el Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay (SINADI) y la Intersindical de Trabajadores de la Educación del Paraguay. Ante la paralización de actividades, las gobernaciones señalaron que no tiene sentido enviar alimentos a las instituciones educativas si no habrá personal responsable para recibirlos ni alumnos asistiendo a clases.
La situación vuelve a poner en el centro del debate el impacto que las medidas de fuerza del sector educativo tienen sobre los estudiantes, especialmente en comunidades vulnerables donde la comida escolar representa, en la mayoría de los casos, una de las principales fuentes de alimentación diaria para los niños.
Los gremios docentes justifican el paro argumentando que el Estado pretende “pisotear la jubilación digna” del sector mediante cambios en el sistema previsional que establecerían una edad mínima para el retiro. Sin embargo, datos del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que el régimen actual ya otorga condiciones significativamente más favorables que las existentes para la mayoría de los trabajadores paraguayos.
Según las estadísticas oficiales correspondientes a 2024, la mayoría de los docentes que accedieron a la jubilación lo hicieron a los 52 años de edad. El informe señala que el 31,5 % se retiró entre los 51 y 55 años, mientras que el 27,8 % lo hizo entre los 46 y 50 años, e incluso un 1,1 % se jubiló antes de los 45 años. Estas cifras ubican al sector educativo muy por debajo de la edad promedio de jubilación en América Latina y el Caribe, que ronda los 60 años.
En este contexto, distintos sectores cuestionan que una medida de presión sindical termine afectando directamente a los estudiantes, suspendiendo clases y dejando sin alimentación escolar a miles de niños, mientras se defiende un régimen jubilatorio que ya se encuentra entre los más tempranos y privilegiados de la región.
