La dirigencia gremial docente volvió a cruzar un límite que ninguna causa justifica: amenazar con meterse con la comida de los niños. Impotentes frente al avance de una necesaria reforma de la caja fiscal, sectores agremiados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron su intención de boicotear el programa estatal “Hambre Cero”, una política pública que garantiza la alimentación diaria de más de un millón de alumnos en todo el país.
La gravedad del hecho no admite relativismos. “Nosotros le vamos a mandar a la puta a su hambre cero, ellos se van a resentir con eso”, declaró sin pudor Hugo Resquín, presidente de la UNE, dejando en evidencia hasta dónde están dispuestos a llegar algunos dirigentes sindicales cuando pierden una pulseada política. La amenaza no está dirigida al Gobierno, sino a los niños más vulnerables del sistema educativo.
El programa Hambre Cero cubre el 100% de las instituciones educativas oficiales en los 263 distritos del país y opera en más de 7.000 escuelas. Para miles de familias, representa la única garantía de que sus hijos accedan al menos a una comida diaria. Convertir esa realidad en moneda de cambio sindical no solo es irresponsable: es moralmente inadmisible.
Lejos de defender la educación, esta postura desnuda un uso extorsivo del conflicto social, donde los chicos pasan a ser rehenes de una disputa gremial. Cuando se amenaza con vaciar platos para presionar al Estado, ya no se está luchando por derechos laborales, sino cruzando hacia un terreno de crueldad y cinismo político.
La reforma de la caja fiscal puede debatirse, cuestionarse o resistirse con argumentos, propuestas y canales institucionales. Lo que no es aceptable es utilizar el hambre infantil como herramienta de presión. Ninguna reivindicación docente por legitima que sea puede poner en riesgo la alimentación de más de un millón de niños.
