Durante décadas, el ecosistema mediático ha convivido con una práctica tan eficaz como corrosiva: el uso del escarmiento público como herramienta de presión económica y política. No se trata de informar ni de fiscalizar, sino de disciplinar. El conflicto entre el Grupo Vázquez (ueno Bank e itti) y el Grupo Zuccolillo expone con nitidez esta lógica, donde la exposición mediática parece haber mutado de la información a la represalia.
Hasta hace poco más de un año, empresas como itti o ueno Bank no integraban la agenda crítica del holding de medios de Zuccolillo. Esa aparente neutralidad se quebró cuando la tecnológica itti ejerció un derecho básico: reclamar el cumplimiento de un contrato de software al Banco Atlas, luego de una auditoría forense que habría detectado violaciones al acuerdo comercial. Desde ese momento, el reclamo legítimo se convirtió en el detonante de una ofensiva mediática sostenida.
La respuesta del aparato comunicacional fue interpretada por analistas como un ejercicio de “real malicia” y hasta de “terrorismo financiero”. No se trató de una cobertura puntual, sino de una estrategia persistente: tapas, artículos tendenciosos, editoriales reiterativas y alocuciones diarias en radio, televisión y plataformas digitales, orientadas a condenar públicamente a quienes se niegan a “arrodillarse” ante determinados intereses. Este patrón, que en el ámbito penal se describe como modus operandi, busca desmoralizar, amedrentar y disuadir a cualquier actor que pretenda recurrir a la Justicia para defender lo que le corresponde.
Este entramado no opera en el vacío. Encuentra eco y amplificación en sectores del Congreso Nacional, donde algunos legisladores, amparados en sus fueros, actúan como portavoces de intereses corporativos privados, erosionando la confianza ciudadana y desdibujando la frontera entre representación pública y lobby empresarial. No es una acusación menor: estas conductas se inscriben en figuras tipificadas por el Código Penal como coacción y coacción grave.
Conviene subrayarlo: no es un fenómeno nuevo. Durante décadas, este método de asedio ha sido aplicado contra presidentes de la República, ministros del Ejecutivo, miembros de la Corte Suprema, fiscales, competidores del sector privado, proveedores y hasta empleados propios. La lista habla por sí sola y describe una práctica reiterada, no un exceso circunstancial.
Hoy, más que nunca, se vuelve imprescindible que la ciudadanía abra los ojos. Que este caso sirva como precedente y como advertencia. Resistir no es solo un acto de defensa individual, sino una necesidad colectiva para evitar que el crecimiento económico y el poder mediático se sigan construyendo sobre la base de la coacción, el miedo y la ausencia de límites éticos. La democracia y el Estado de Derecho no se erosionan de un día para otro: se desgastan cuando el escarmiento reemplaza al debate y la presión suplanta a la ley.
