El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) se prepara para implementar una revisión histórica en el valor de los inmuebles fiscales, luego de más de una década sin actualizaciones. Así lo confirmó su presidente, Francisco Ruiz Díaz, quien anunció que la institución aplicará un ajuste del 63% en los precios de referencia de las tierras administradas por el ente.
La decisión surge tras constatar que los valores vigentes permanecieron sin modificaciones durante trece años, pese al crecimiento económico del país y al impacto directo de grandes obras de infraestructura sobre el precio de la tierra. De acuerdo con Ruiz Díaz, un análisis técnico realizado en conjunto con el Banco Central del Paraguay (BCP) reveló que la inflación acumulada desde 2013 hasta noviembre del año pasado alcanza el 62,6%, lo que explica la magnitud del ajuste propuesto.
«He pedido un informe y encontramos que hay que hacer un ajuste del 63%», señaló el titular del INDERT, al tiempo de aclarar que la medida no responde a una decisión arbitraria. Según explicó, la Ley 5513 establece que el avalúo de los inmuebles rurales debe actualizarse de manera anual conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mandato legal que no se cumplió durante más de una década. «La última tabla se fijó en 2013 y nunca más se actualizó. El Parlamento tiene razón en cuestionar este desfasaje de 13 años», reconoció.
Uno de los aspectos más sensibles de la actualización tiene que ver con las zonas donde se desarrollan proyectos estratégicos de infraestructura, como el Corredor Bioceánico, que han generado una fuerte revalorización del suelo. En estos casos, el INDERT decidió suspender temporalmente las adjudicaciones hasta que los valores fiscales reflejen los precios reales del mercado.
«En los proyectos que están generando plusvalía, hemos parado la adjudicación para tratarlos con los valores que corresponden, que son los de mercado», afirmó Ruiz Díaz. Con esta medida, el ente busca evitar que la inversión pública termine beneficiando a privados mediante la compra de tierras a precios significativamente inferiores a su valor real.
De cara al futuro, la actual administración apunta a eliminar la discrecionalidad que permitió el prolongado congelamiento de los valores fiscales. Para ello, se prevé la aplicación de un mecanismo de ajuste automático anual, en estricto cumplimiento de la normativa vigente. «A los efectos de evitar que vuelva a ocurrir esta desidia, estamos dando cumplimiento a la ley que dice que hay que ajustar cada año los valores según el informe del Banco Central», explicó el presidente del INDERT. Como primer paso, ya se aplicó este año una actualización técnica del 4,1%, correspondiente a la variación anual del IPC.
Finalmente, Ruiz Díaz aclaró que el ajuste del 63% constituye una propuesta técnica que deberá ser analizada y consensuada con el presidente de la República, Santiago Peña. De concretarse, la medida no solo permitirá ordenar las finanzas del INDERT, sino que también apunta a transparentar el mercado de tierras rurales, asegurando que el valor del patrimonio público acompañe el desarrollo productivo y la inversión en infraestructura del país.
