El Gobierno de Portugal puso en marcha la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), una nueva fuerza bajo la Policía de Seguridad Pública (PSP) destinada a controlar la inmigración ilegal en el país. La medida otorga a los agentes la capacidad de detener a extranjeros en situación irregular, exigir documentación y ejecutar deportaciones en un plazo máximo de 20 días.
La iniciativa fue impulsada por el partido soberanista Chega y contó con el respaldo parlamentario en julio, en medio de fuertes críticas de sectores de izquierda que cuestionaron la falta de debate público sobre un asunto que afecta derechos fundamentales. La UNEF arranca con 1.200 efectivos desplegados en todo el país, con la meta de alcanzar los 2.000 en los próximos meses.
Las áreas prioritarias de actuación serán puertos y aeropuertos, aunque los agentes también podrán intervenir en transporte público y espacios urbanos. La nueva unidad hereda competencias que antes pertenecían al extinto Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), disuelto en 2021 tras un caso de abuso que generó gran polémica.
Además de la creación de esta policía especial, el Parlamento aprobó reformas complementarias en materia migratoria, como la restricción de la reagrupación familiar y nuevas limitaciones a los visados. Estas medidas contaron con el apoyo de partidos de derecha y ultraderecha, consolidando un giro en la política migratoria portuguesa.
El presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sin embargo, mantiene reservas y ha remitido parte de la reforma al Tribunal Constitucional, a fin de que determine su validez, en particular por el trato desigual que podría darse a diferentes categorías de migrantes.
Con este paso, Portugal se suma al endurecimiento de las políticas migratorias en Europa, en un contexto marcado por el aumento de solicitudes de asilo y el crecimiento electoral de partidos soberanistas.
