El régimen de Daniel Ortega ha instaurado un sistema extorsivo contra congregaciones religiosas que desean permanecer en Nicaragua, denunció la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina. “O pagan un canon mensual o las cancelan, confiscan y echan del país a sus miembros”, afirmó la experta, quien ha documentado 971 ataques contra la Iglesia católica entre 2018 y 2024.
Aunque no figura en su informe “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, Molina reveló que varias congregaciones deben pagar cuotas mensuales para no ser disueltas o para continuar utilizando sus propiedades, muchas de las cuales han sido confiscadas. “Sabemos que esto está pasando con las congregaciones religiosas, pero es bastante probable que sea una práctica común con otras organizaciones civiles que aún siguen en Nicaragua”, agregó.
Un sacerdote de la Arquidiócesis de Managua relató que las Hermanas Clarisas Franciscanas debieron abandonar su monasterio en Chiquilistagua tras no poder afrontar un cobro de cinco mil dólares mensuales impuesto por el régimen. “Ahora están en Granada”, indicó.
Desde 2018, más de 5.600 ONG han sido canceladas, según la Fundación del Río. Los bienes expropiados han sido transformados en oficinas estatales o centros de propaganda oficialista. “La mayoría de las organizaciones canceladas ofrecían una ayuda, un beneficio para la sociedad en general. Ha sido más por una intención política de dominio y control y también para apropiarse de sus bienes. Han hecho mucho daño”, concluyó un sacerdote en el exilio.
