La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que el régimen de Daniel Ortega ha consolidado en Nicaragua una verdadera “maquinaria de represión estatal”, dirigida a silenciar cualquier forma de disidencia y a perpetuar su poder a través del control absoluto de las instituciones. Así lo expresó un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que fue presentado recientemente y cuya contundencia ha generado reacciones en todo el continente.
Según el documento, al menos 54 funcionarios del régimen —entre ellos el propio presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo— fueron identificados como responsables directos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La lista de crímenes incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y una persecución constante a miembros de la sociedad civil, medios de comunicación, comunidades religiosas y opositores políticos.
El informe advierte que el aparato estatal nicaragüense ha sido diseñado para aplastar cualquier forma de organización autónoma. En este sentido, la ONU alertó que Nicaragua ya no puede considerarse una democracia funcional y llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia, mediante sanciones selectivas y el respaldo a las víctimas del régimen.
“El Estado ha sido cooptado por un grupo reducido que opera fuera del marco de la ley. Ya no hablamos de abusos aislados, sino de un patrón sistemático para sostenerse en el poder a toda costa”, expresó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
La situación en Nicaragua se ha deteriorado aceleradamente desde las protestas ciudadanas de 2018, que fueron brutalmente reprimidas y marcaron un punto de quiebre en la vida institucional del país. Desde entonces, el gobierno de Ortega ha clausurado partidos políticos, ONG, universidades y medios independientes, mientras mantiene en prisión a decenas de opositores bajo condiciones inhumanas.
El informe fue elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que deberá decidir en los próximos meses los pasos a seguir. Mientras tanto, la represión continúa y el pueblo nicaragüense, según los expertos, vive bajo un estado de miedo constante, sin garantías judiciales ni libertades fundamentales.
