La situación del crimen organizado en Pedro Juan Caballero sigue siendo alarmante, mientras, la credibilidad de algunos actores políticos que dicen combatirlo está seriamente cuestionada. Uno de los casos más recientes es el del diputado colorado Santiago Benítez, quien ha denunciado la existencia de un esquema de narcotráfico vinculado a la política supuestamente dirigido desde el Gobierno central.
Benítez, en su relato mediático, señaló a ministros del Poder Ejecutivo como cabecillas de este esquema, mencionando específicamente a Marco Alcaraz, de Inteligencia, y a José Alberto Alderete, asesor político de la Presidencia; incluso, mencionó al expresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, quienes conocen de cerca la realidad en la frontera afirman que la imagen de Benítez dista mucho de la de un verdadero luchador contra el crimen.
Fuentes locales sostienen que, si bien Lalo Gómes habría tenido una fuerte incidencia en el crimen organizado, Benítez lo ha superado en malas prácticas. Se lo acusa de haber utilizado el periodismo en Pedro Juan Caballero como herramienta de chantaje y extorsión. Existen denuncias sobre una presunta extorsión de 70.000 dólares a Lalo Gómes más la suplencia en la Cámara de Diputados que lo terminó convirtiendo en Diputado Nacional, así como un hecho similar contra Marcelino Rolón, cuando era intendente de Zanja Pytá y hoy director del Trabajo en Pedro Juan Caballero.
Otro cuestionamiento que pesa sobre Benítez es su posible inhabilidad legal para ocupar un escaño en Diputados, ya que es propietario de un medio de comunicación. Además, una versión de un hecho particularmente grave lo vincula indirectamente con el asesinato del periodista de ABC Leo Vera, ocurrido el 12 de febrero de 2020. La viuda de Vera asegura que, antes de ser ultimado a sangre fría, su esposo recibió una llamada de Benítez preguntándole su ubicación; diez minutos después, llegaron los sicarios.
Otro factor preocupante es el uso que hace Benítez de distintos medios de comunicación para reforzar su imagen. Se jacta públicamente de que, aunque Radio Imperio sea clausurada, tiene el respaldo de medios nacionales como Última Hora, ABC y Ñandutí, entre otros. Esta situación, además de poner en duda su verdadera intención de combatir el crimen organizado, genera una mayor incertidumbre al poner en tela de juicio el rol de los medios de comunicación sobre la lucha contra el narcotráfico.
