La falta de transparencia en las instituciones públicas de Paraguay sigue siendo un problema crónico que afecta tanto a las gobernaciones como a los municipios. Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas al calificar de «aplazadas» a las 17 gobernaciones y a los 263 municipios del país. Estas cifras reflejan una crisis de gestión que no solo golpea la confianza ciudadana, sino que también evidencia un uso ineficiente de los recursos públicos.
Según el contralor Camilo Benítez, «vemos con preocupación los niveles de transparencia en los gobiernos departamentales. Los que peor están son las gobernaciones y municipalidades». La CGR evaluó 477 instituciones públicas durante el ejercicio 2024 y encontró que solo el 9% cumple con los requisitos mínimos establecidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECIP:2015). Más alarmante aún, 143 de estas instituciones ni siquiera han comenzado a organizar su gestión con la transparencia como objetivo.
El informe también destaca que muchas de las instituciones carecen de mecanismos básicos de rendición de cuentas. Por ejemplo, no disponen de informes accesibles en formato digital ni han implementado controles internos efectivos. Esta situación pone en entredicho el uso de los fondos públicos y dificulta la participación ciudadana, elementos fundamentales para fortalecer la democracia.
El contralor enfatizó que, aunque las instituciones «rinden cuentas porque es un requisito para recibir fondos», esto no garantiza niveles satisfactorios de transparencia. Las gobernaciones y municipios deben publicar sus datos y fomentar la participación ciudadana para cumplir con los parámetros establecidos. «Las gobernaciones que tendrán preferencia serán aquellas que cumplan con los requisitos de transparencia», afirmó Benítez.
El informe subraya que la falta de transparencia no se limita al ámbito local y regional. En el nivel nacional, las deficiencias también son notorias, lo que sugiere una crisis estructural que requiere una intervención urgente y decidida. La CGR realizó su trabajo en colaboración con la Auditoría del Poder Ejecutivo (AGPE), permitiendo una visión más amplia del estado del control interno en el país. La Contraloría ha instado a todas las instituciones a implementar controles efectivos y mejorar su gestión.
