El estado de Florida tiene previsto poner en vigor este jueves una ley aprobada el pasado mes de mayo con la que poder imponer multas económicas a los gobiernos locales que obliguen a sus trabajadores a vacunarse contra el coronavirus, con hasta 5.000 dólares (4.200 euros) de sanción por cada uno de ellos.
La oficina del gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, ha recordado este martes que la legislación no permite a las «entidades gubernamentales de Florida exigir una prueba de vacunación», ni de «recuperación posterior de la infección» para poder acceder a estas instalaciones públicas y sus servicios. «La ley impone una multa de 5.000 dólares para cualquier entidad, incluidas las entidades gubernamentales, que soliciten ver una prueba de vacunación en Florida», señala la oficina del gobernador, informa la cadena NBC.
El recordatorio se produce un día después de que el gobernador DeSantis alertara de que las pautas que los gobiernos de algunas ciudades del estado, como Gainesville o los condados de Orange y Leon, habían presentado a sus empleados para que recibieran la vacuna a riesgo de ser despedidos, «planteaban preguntas importantes» que «deberían alarmar a los floridanos». «Esto es político, se trata de usar el poder del Gobierno para controlar. Vamos a proteger estos trabajos, protegeremos los medios de subsistencia y protegeremos a las familias», aseguró DeSantis, quien advirtió de que las multas podrían suponer «millones y millones de dólares» para estas administraciones.
«Simplemente creo que es fundamentalmente incorrecto. No deberíamos permitir que el Gobierno Federal ataque los medios de vida de la gente», ha dicho DeSantis, para quien las políticas de salud del presidente, Joe Biden, suponen que «habrá gente buena y trabajadora que perderá sus empleos», algunos «en industrias muy clave».
En consonancia con otros gobiernos controlados por los republicanos, sobre todo en los estados del sur, DeSantis se ha mostrado muy beligerante con algunas de las medidas decretadas desde Washington, como el uso de la mascarilla en los espacios públicos o la obligatoriedad de vacunarse contra el coronavirus a funcionarios y trabajadores externos para trabajar en las administraciones.
La semana pasada, el Gobierno de Florida logró paralizar el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas públicas hasta que la legislación federal sea revisada.
