Por Octavio McFarlane
Durante meses asistimos a una operación comunicacional que parecía tener un objetivo cada vez más evidente: instalar la idea de que ueno bank era un banco al borde del abismo, que había burlado los controles del Banco Central y que sus operaciones con empresas vinculadas constituían poco menos que un escándalo financiero.
Se publicaron informes filtrados, titulares alarmistas, interpretaciones interesadas y acusaciones que fueron creciendo a medida que se repetían. El problema es que ahora apareció algo bastante menos espectacular: la respuesta oficial del propio Banco Central al Senado.
Y esa respuesta cambia sustancialmente la película.
La Superintendencia de Bancos detectó diferencias relacionadas con empresas vinculadas, comunicó formalmente a ueno el requerimiento de adecuación el 5 de junio de 2026 y el banco informó que el 15 de junio ya se había encuadrado nuevamente dentro de los límites establecidos. Diez días. Dentro del plazo legal. Posteriormente, el 24 de julio, el BCP pidió incorporar otras sociedades al grupo de vinculadas y recalcular la exposición crediticia, y nuevamente ueno realizó los ajustes correspondientes.
Es decir, mientras algunos intentaban presentar la historia como si el regulador hubiera descubierto una bomba a punto de explotar, la documentación oficial muestra otra cosa: el organismo de control detectó, requirió, supervisó y la entidad corrigió dentro del marco establecido.
Entonces cabe preguntar algo muy simple: ¿Y ahora qué?
Porque si durante meses se trabajó sobre la hipótesis de que ueno estaba incumpliendo deliberadamente los límites regulatorios y que existía una especie de crisis oculta que el Banco Central pretendía tapar, ¿qué hacemos ahora con el hecho de que el propio BCP confirma que las situaciones detectadas fueron objeto de corrección?
¿Se va a rectificar? ¿Se van a corregir los titulares? ¿Se va a explicar al público que una observación regulatoria no equivale automáticamente a una quiebra, insolvencia o peligro para los ahorristas? ¿O simplemente se cambiará de argumento y se buscará la próxima acusación?
Porque aquí hay algo particularmente grave, perverso, diría; estamos hablando de un banco. No de una empresa cualquiera.
Cuando durante semanas se instala públicamente la sospecha de que una entidad financiera está incumpliendo normas, se juega con algo mucho más delicado que la reputación de una compañía: se juega con la confianza de sus depositantes. Y eso tiene consecuencias.
El propio presidente del Senado, Basilio Núñez, reconoció públicamente que hablar irresponsablemente sobre una supuesta crisis financiera puede producir una corrida o una estampida de ahorristas. Por eso resulta difícil entender la ligereza con la que algunos actores decidieron alimentar una narrativa de crisis alrededor de ueno.
Más todavía cuando el Banco Central acaba de responder que el sistema financiero mantiene sus mecanismos de supervisión funcionando y que, en el caso concreto de las operaciones cuestionadas, hubo requerimientos y posteriores adecuaciones.
El negocio detrás del ruido
¿La parte que incomoda? Ueno no surgió en un mercado vacío. Irrumpió en un sistema bancario dominado durante décadas por grandes entidades tradicionales. Creció rápidamente, incorporó cientos de miles de clientes y posteriormente absorbió Visión Banco. Su modelo digital modificó la competencia y obligó a los actores tradicionales a disputar un mercado que durante años tuvo reglas mucho más cómodas.
No hace falta ser economista para entender que cuando aparece un competidor que cambia las reglas, hay intereses económicos que se sienten amenazados. Y algunos de esos intereses están vinculados, directa o indirectamente, con conglomerados que también poseen medios de comunicación. Por eso la pregunta ya no es solamente qué pasó con ueno, la pregunta es quién necesitaba que ueno pareciera culpable antes de que terminara la investigación institucional.
Porque mientras el Senado pidió información sobre siete bancos —ueno, Sudameris, GNB, Continental, Atlas, Familiar e Itaú—, la maquinaria mediática decidió concentrar buena parte de sus reflectores sobre uno solo.
Siete bancos bajo la lupa. Pero una sola entidad convertida en protagonista. Qué conveniente.
Y no es casual que el propio pedido parlamentario abarque cuestiones mucho más amplias: fusiones, operaciones vinculadas, fondos públicos, recursos del IPS y decisiones regulatorias. Sin embargo, pareciera que el sistema financiero paraguayo descubrió de repente que todos sus problemas tienen un solo nombre: ueno.
Entonces, otra vez: ¿Y ahora qué?
¿Vamos a seguir presentando como una revelación secreta aquello que el organismo supervisor ya había detectado y sobre lo cual ya había actuado? ¿Vamos a seguir utilizando fragmentos de un documento para construir una historia mucho más grave que la que finalmente surge de la documentación oficial? ¿O vamos a empezar a contar la historia completa?
La historia completa es menos espectacular, pero bastante más seria: hubo supervisión, hubo observaciones, hubo requerimientos y hubo adecuaciones.
Durante meses se alimentó una narrativa que golpeó directamente la reputación de una entidad financiera. Ahora que aparecen las respuestas oficiales, habrá que ver quién tiene la honestidad intelectual de corregir el relato.
Es muy fácil publicar una acusación, lo que no resulta tan fácil es reconocer que los documentos cuentan una historia diferente.
¿Qué van a hacer ahora que la realidad regulatoria no encaja con la historia que estuvieron contando? ¿Seguirán buscando otra filtración? ¿Otro titular? ¿Otra sospecha? ¿Otro motivo para poner a los ahorristas nerviosos? ¿O finalmente van a admitir que, detrás de esta ofensiva, puede haber algo mucho más mundano que una cruzada por la transparencia: una feroz disputa por el negocio bancario paraguayo?
