La rápida respuesta institucional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ante una denuncia presentada por ocho funcionarias derivó en la adopción inmediata de medidas administrativas orientadas a garantizar la seguridad y el bienestar de las afectadas dentro del entorno laboral.
La actuación se produjo luego de que la Juez de Paz del Distrito de la Recoleta, María Bethania Mendieta, dispusiera medidas de protección urgentes en favor de las denunciantes, quienes señalaron haber sido víctimas de diversas formas de violencia presuntamente cometidas por cuatro funcionarios o personas vinculadas a la institución.
De acuerdo con la resolución judicial, los hechos denunciados estarían relacionados con presuntas situaciones de violencia psicológica, laboral, telemática, mediática y simbólica, contempladas en la legislación vigente de protección a las mujeres.
Como medida preventiva, la magistrada ordenó la prohibición de acercamiento de los denunciados a las víctimas, a sus familiares y a los lugares que estas frecuentan, además de prohibir cualquier acto de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, ya sea de manera directa o a través de terceros o medios tecnológicos.
En cumplimiento de las medidas ordenadas por el Poder Judicial y para evitar cualquier situación que pudiera comprometer la integridad física de las funcionarias, el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz López, firmó en un plazo de pocos días resoluciones administrativas que dispusieron el traslado de tres de los involucrados a distintas dependencias del interior del país.
Las medidas alcanzaron a Fredy Bernardo González Arrúa, trasladado a la Dirección Departamental de Guairá; Bernardo Diosnel Sosa Kemal, reasignado a la Agencia Regional de Arroyito, en Concepción; y Rubén Estanislao Galeano Contrera, destinado a la Dirección Departamental de Paraguarí.
La actuación coordinada entre el Poder Judicial y la administración del INDERT se sustentó en principios constitucionales vinculados a la protección de la vida, la integridad física y psicológica de las personas.
Mientras el proceso sigue su curso, la intervención inmediata de las autoridades judiciales y administrativas permitió implementar mecanismos de resguardo destinados a garantizar un entorno laboral seguro para las denunciantes y asegurar el cumplimiento de las disposiciones previstas por la legislación paraguaya en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres.
