Ser boliviano tiene una muy extraña característica, vivir en un bucle temporal, pues parece que estamos condenados a repetir siempre los mismos hechos, las mismas tragedias y las mismas narrativas mentirosas.
Por ejemplo, solamente un mes después del inicio del gobierno de Rodrigo Paz, los grupos de mercaderes del crimen han iniciado una nueva arremetida contra la seguridad nacional. Las estrategias son las mismas: 1) instrumentalizar un problema social, 2) provocar a las fuerzas del orden, 3) generar violencia extrema, 4) buscar muertos y 5) victimizarse.
Ahora mismo, mi natal Cochabamba ya tiene dos fallecidos por el conflicto de la basura en la zona de Quillacollo. Entiendo que la vida humana es sagrada, nadie debería morir en circunstancias tan violentas y, al mismo tiempo, absurdas. Pero, ¿podemos culpar al subteniente Castellón por usar su arma de fuego para salir de una situación de alto riesgo o, peor aún, acusarlo del uso desproporcionado de la fuerza?
No, pero veamos los porqués:
Los policías tienen una doble responsabilidad: 1) resguardar el orden público y 2) proteger su integridad física. Por ende, exigirles el principio de proporcionalidad es un despropósito, puesto que el orden no se negocia, se impone y las amenazas se neutralizan. Además, las fuerzas policiales no estaban enfrentando a un grupo de ciudadanos protestando, sino a un comando violento muy bien entrenado. De hecho, las mismas autoridades municipales de la zona mostraron la destrucción que habían sufrido las vías de acceso. Asimismo, existe evidencia en formato video que muestra como los piratas del asfalto estaban dispuestos a quemar vivos a los uniformados.
Esa narrativa de los DDHH es el negocio de muchas ONGS financiadas por los promotores de las agendas globalistas. Al respecto, Agustín Laje, en su libro: Globalismo, explica:
A nivel internacional, los organismos internacionales y las ONGS, financiados por los millones de las grandes fundaciones filantrópicas, impulsan tres causas al unísono: abolicionismo del sistema penitenciario, ambientalismo y racismo afro. Por ejemplo, Rockefeller Fund, en su sitio web dice: «Estamos especialmente interesados en la organización de base, la construcción de poder y los esfuerzos efectivos de promoción de políticas de descarcelación a escala nacional».
En Bolivia, Sacha LLorenti fue un abanderado de los Derechos Humanos a principios del Siglo XXI. Su trabajo consistió en blanquear los crímenes cometidos por Evo Morales, Felipe Quispe y otros mercaderes de la sangre. Además, fue uno de los que apoyó los juicios de responsabilidades contra policías y militares que habían defendido la patria de los bandidos del Socialismo del Siglo XXI durante el golpe de Estado de octubre 2003. Su premio fue ocupar altos puestos durante la dictadura del cocalero Morales y lugares importantes en la ONU.
Es obvio que el enfoque de los panegiristas del derecho humanismo es, en realidad, a favor de los delincuentes. No les interesa ni la gente ni la patria, solamente el poder.
A modo de cierre, a Rodrigo Paz, en especial, si quiere terminar su gestión, le queda una sola opción: estar dispuesto al suicidio político. Eso significa hacer lo correcto, incluso por encima del cálculo electoral para las elecciones regionales y municipales, ya que no se puede ser ni gradualista en economía ni tibio en seguridad. El país necesita medidas de shock en lo económico y un plan de seguridad para enfrentar al crimen organizado.
