Durante décadas, una tapa de ABC Color podía generar más inquietud en determinados despachos públicos que una interpelación parlamentaria. El poder construido alrededor del Grupo Azeta no se limitaba a la influencia de un medio de comunicación: en el ambiente político se lo percibía como una estructura con capacidad suficiente para desgastar funcionarios, instalar adversarios en la agenda, condicionar decisiones y obligar al poder de turno a reaccionar.
Era la época del conocido “métale palo”: insistir, presionar y mantener una ofensiva hasta conseguir que alguien cediera, retrocediera o asumiera el costo político de enfrentarse al conglomerado. Durante mucho tiempo, esa fórmula funcionó. Pero algo parece haber cambiado. El episodio que actualmente involucra a banco Atlas ofrece una de las señales más claras de ese cambio.
La Cámara de Diputados aprobó, por 33 votos contra 10, un pedido de informes dirigido al Banco Central del Paraguay sobre su actuación ante distintos antecedentes relacionados con la entidad bancaria. Entre los puntos mencionados figuran el caso Nicolás Leoz, un fideicomiso con el IPS, Paraqvaria, operaciones vinculadas a Darío Messer y la eventual existencia de sumarios administrativos.
Más allá del contenido específico del pedido, existe un elemento político difícil de ignorar: una institución vinculada al entorno empresarial de la familia Zuccolillo quedó esta vez del otro lado de las preguntas. Durante años, ese mismo universo empresarial había colocado a dirigentes, empresarios, funcionarios y gobiernos bajo un intenso escrutinio público. Ahora, una entidad relacionada con ese entorno debe responder cuestionamientos y explicar actuaciones.
Desde sus propios medios, el grupo intentó presentar el pedido de informes como un “apriete”. Sin embargo, la reacción no consiguió detener la iniciativa. Treinta y tres diputados decidieron avanzar con la solicitud. Y quizás allí esté el verdadero dato político: en otros tiempos, el temor a la portada del día siguiente podía ser suficiente para modificar la conducta de buena parte de la dirigencia. Esta vez, una mayoría de la Cámara Baja decidió continuar pese al eventual costo mediático.
El viejo reflejo de mirar primero qué diría ABC y decidir después parece haber perdido parte de su eficacia. El poder de una portada no desapareció. Una publicación todavía puede instalar un tema, incomodar a un dirigente o generar una discusión. Lo que parece haber cambiado es su capacidad para garantizar el desenlace político que pretende. El poder de presión mediática funciona, en buena medida, mientras quienes están del otro lado consideren que enfrentarlo tiene un costo político insoportable. Ese mecanismo comienza a debilitarse cuando los protagonistas descubren que pueden sobrevivir a una portada.
Durante años, las ofensivas editoriales sostenidas podían convertir a una persona en el centro de una campaña de cuestionamientos. Tapas, editoriales, columnas y publicaciones sucesivas contribuían a construir una determinada percepción pública y el costo de enfrentarse al medio podía resultar demasiado alto. Pero la relación entre presión mediática y resultado político parece haberse vuelto menos automática.
El caso de Horacio Cartes constituye, según el análisis, uno de los ejemplos más evidentes. Durante años, el expresidente fue uno de los principales blancos de la línea editorial de ABC Color. La ofensiva alcanzó uno de sus momentos más intensos después de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, cuando la narrativa mediática alrededor de su figura llegó a plantear un escenario de agotamiento político.
Sin embargo, el desenlace fue diferente. En octubre de 2025, Estados Unidos retiró a Cartes y a varias empresas vinculadas de su lista de sancionados. Paralelamente, en Paraguay, el expresidente mantuvo el control de la Asociación Nacional Republicana y Honor Colorado continuó consolidándose como una de las principales fuerzas internas del Partido Colorado.
La conclusión que plantea el análisis es incómoda para cualquier estructura mediática acostumbrada a medir su influencia por los resultados políticos: una ofensiva editorial puede ser intensa, persistente y políticamente costosa para su destinatario, pero eso no significa que vaya a determinar el desenlace.
Las elecciones reforzaron esa percepción. Santiago Peña llegó a la Presidencia en 2023, mientras que Honor Colorado volvió a imponerse ampliamente en las internas municipales de 2026 y extendió su dominio territorial. La distancia entre el relato editorial y el comportamiento electoral volvió a quedar expuesta.
Las urnas, en otras palabras, dejaron de responder necesariamente al guion de las portadas. Durante mucho tiempo pareció existir una cadena casi automática entre publicación, condena mediática y destrucción política. Hoy esa cadena parece rota. Se puede dedicar una tapa, varias semanas de cobertura e incontables editoriales contra un dirigente, pero eso ya no garantiza que pierda elecciones, abandone el poder o sea descartado por su propia estructura.
Por eso, el caso de banco Atlas adquiere una dimensión que trasciende el trámite parlamentario. Durante décadas, el Grupo Azeta estuvo acostumbrado a exigir explicaciones, reclamar investigaciones y someter a terceros al escrutinio público. Ahora, una institución vinculada a su propio entorno empresarial aparece frente a preguntas similares.
Los diputados buscan conocer qué hizo el Banco Central frente a determinadas operaciones, qué controles aplicó, qué observaciones realizó y por qué determinados antecedentes no habrían derivado en procedimientos administrativos de mayor alcance. Son preguntas que apuntan al funcionamiento de la supervisión bancaria, pero inevitablemente colocan a Atlas en el centro de una discusión pública.
Aquí aparece una contradicción que el debate no puede esquivar. Si solicitar información sobre una entidad financiera constituye un ejercicio de fiscalización cuando se trata de terceros, el mismo principio debería aplicarse cuando la entidad cuestionada se encuentra vinculada a intereses cercanos al conglomerado que históricamente ejerció ese tipo de presión. Si pedir informes sobre Ueno Bank es fiscalización, pedir informes sobre Atlas también debería serlo. Si revisar operaciones relacionadas con fondos del IPS es transparencia cuando afecta a otras entidades, la misma vara debería aplicarse cuando el banco involucrado es Atlas.
El verdadero revés para el Grupo Azeta, plantea el análisis, no está únicamente en que la Cámara de Diputados haya aprobado un pedido de informes. Está en que 33 diputados hayan decidido acompañarlo pese al eventual costo mediático que podía representar una decisión de esa naturaleza.
Ese número revela un cambio en la relación de fuerzas. Durante décadas, el conglomerado fue percibido como una estructura capaz de hacer temblar funcionarios, desgastar ministros y transformar determinadas prioridades editoriales en problemas políticos. Ahora parece descubrir que su capacidad de intimidación ya no genera necesariamente la misma respuesta.
El “métale palo” puede continuar generando ruido, instalando temas y ocupando espacios de discusión. Pero el ruido no equivale necesariamente a poder. Porque buena parte de ese poder no estaba únicamente en la capacidad de publicar, sino en el temor que la publicación provocaba en quienes podían convertirse en su próximo objetivo. Cuando ese temor desaparece, el mecanismo comienza a perder fuerza.
El mayor problema para cualquier estructura de poder surge cuando confunde la capacidad de instalar un relato con la capacidad de controlar lo que ocurre después. Un medio puede decidir qué colocar en tapa, qué tema amplificar y durante cuánto tiempo sostener una determinada línea editorial. Lo que no puede controlar completamente es qué harán los electores, los legisladores o las estructuras partidarias.
El análisis apunta justamente a esa ruptura. La ofensiva mediática no impidió que Santiago Peña llegara a la Presidencia. Tampoco consiguió que Cartes perdiera el control del Partido Colorado ni que Honor Colorado dejara de expandirse. Y ahora tampoco pudo evitar que banco Atlas quedara sometido a un pedido de informes aprobado por una amplia mayoría de la Cámara Baja.
Los tiempos cambiaron. Durante mucho tiempo, numerosos actores políticos parecían calcular sus movimientos mirando primero la reacción que podía generar una portada. Hoy, cada vez más, parece existir otra lógica: evaluar el costo, asumirlo y continuar.
Ese cambio puede ser mucho más importante que cualquier titular.
El episodio Atlas resume, en definitiva, una transformación en la relación entre medios y poder político. El “métale palo” nunca dependió únicamente de la intensidad del golpe, sino de la certeza de que quien recibía el golpe no podía permitirse resistir.
Cuando esa certeza desaparece, la maquinaria puede seguir funcionando, las tapas pueden continuar siendo contundentes y las ofensivas editoriales pueden mantener su capacidad de generar ruido.
Pero el poder que alguna vez pareció ilimitado ya no es el mismo.
Y quizás la verdadera noticia no sea que el “métale palo” haya dejado de existir, sino que ya no alcanza para que todos bajen la cabeza.
