Una nueva controversia sobre los fondos jubilatorios volvió a colocar a ueno bank en el centro de los cuestionamientos públicos. Esta vez, una propuesta particular para utilizar recursos del IPS terminó alimentando sospechas sobre una supuesta capitalización con dinero de los asegurados. Sin embargo, tanto la previsional como el banco descartaron avanzar con esa operación, mientras la entidad financiera anunció un plan de fortalecimiento patrimonial de USD 100 millones provenientes del sector privado.
El cuestionamiento contra ueno bank sumó este jueves 29 de octubre un nuevo capítulo, esta vez alrededor de una supuesta utilización de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) para capitalizar la entidad. El episodio volvió a generar repercusión mediática y puso bajo discusión el destino del dinero de los jubilados, pese a que la iniciativa no había sido presentada por el banco.
El origen de la controversia fue una propuesta formulada por Carlos Pereira, exconsejero y asesor de la previsional, quien planteó destinar USD 30 millones de un fondo de contingencia para adquirir acciones de ueno. El documento fue dirigido a las autoridades del IPS y contemplaba que la institución pasara a tener participación accionaria en la entidad financiera.
Sin embargo, la propia previsional adelantó que no aceptaría el planteamiento. Su presidente, Derlis León, explicó que los equipos técnicos y financieros recomendaron rechazarlo por considerarlo inviable. Aun así, la propuesta ya había generado una amplia discusión pública sobre una eventual utilización de fondos jubilatorios para fortalecer a un banco privado.
El dato que cambia por completo la interpretación es que ueno nunca solicitó esa operación. Mediante un comunicado oficial, la entidad aseguró que no participó en la elaboración de la propuesta, no fue consultada y tampoco contempla incorporar a su capital recursos de fondos previsionales o entidades públicas. Además, manifestó que rechazaría categóricamente cualquier ofrecimiento de esa naturaleza.
La respuesta estuvo acompañada de un anuncio financiero de mayor magnitud. Ueno comunicó un plan de capitalización de USD 100 millones, financiado mediante un aporte de USD 50 millones de su accionista controlante, UHoldings, y un programa de emisión de acciones por otros USD 50 millones destinado exclusivamente a inversionistas privados paraguayos.
La operación, cuyos aportes se integrarán conforme al calendario anunciado y las aprobaciones regulatorias correspondientes, permitiría elevar el capital primario del banco del 11,7% al 14,9%, muy por encima del mínimo del 8% establecido por el Banco Central del Paraguay.
La reiteración de controversias financieras también obliga a examinar la responsabilidad de la comunicación pública. Instalar sospechas sobre la utilización de fondos previsionales sin distinguir quién formuló una propuesta, quién debía autorizarla y cuál era la posición de la entidad involucrada puede alimentar desconfianza innecesaria entre depositantes y asegurados.
En el sistema bancario, las afirmaciones sobre solvencia, liquidez y utilización de recursos públicos tienen consecuencias que trascienden la disputa mediática. Por esa razón, cualquier cuestionamiento debe sostenerse sobre documentos verificables y hechos comprobados.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de convertir disputas empresariales en sospechas sobre la estabilidad de una entidad financiera. Las críticas y el control público son legítimos, pero atribuir decisiones empresariales sin pruebas puede distorsionar la información y afectar la confianza en el sistema bancario.
