Año 2019, en un concesionario de coches de mi natal Cochabamba, un profesor español, que nos visitaba para un intercambio académico, me hizo el siguiente comentario: «Ustedes, los bolivianos son las personas más ricas que conocí; hasta ahora no vi que se preocupen por el precio de la gasolina». Mi respuesta fue: «Sucede que vivimos en una fantasía fomentada por la subvención a los carburantes». Pero el subsidio a los combustibles era, solamente, una pequeña parte de una ilusión mucho peor: El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), impuesto por Evo Morales y sus patrones cubanos desde el año 2006.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, a pesar de lo rimbómbate del nombre, no era más que la hiperestimulación de la Demanda Agregada mediante el Gasto Público, el mayor en siete décadas. Los recursos para el derroche salieron de la renta gasífera. Cuando esa fuente colapsó, en diciembre del 2014, no dudaron en asaltar a manos llenas los 15000 millones de Reservas Internacionales, los 15000 millones de depósitos privados en el sector financiero y los 10000 millones en los fondos de jubilación. Se lo pongo en sencillo: para mantener la ilusión de los carburantes baratos, se comieron los ahorros y el futuro de los bolivianos.
La realidad tocó la puerta a finales del 2022, cuando se registraron las primeras colas para conseguir gasolina y diésel. La gestión de Arce Catacora intentó minimizar el hecho; sin embargo, para el 2024, ya era imposible de ocultar: Bolivia estaba sufriendo una crisis energética. Casi de manera paralela, el tipo de cambio alcanzó los Bs. 18, principal síntoma de la pérdida de valor de la moneda nacional. Ergo, la campaña electoral del 2025 estuvo marcada por esos dos temas.
En diciembre de 2025, ya en la gestión de Rodrigo Paz, se ajustó el precio de los combustibles a 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros, lo que supuso aumentos del 86 % y del 162 %, respectivamente. Empero, la crisis en el Medio Oriente, con Irán atacando el Estrecho de Ormuz y los Hutíes intentando capturar el Estrecho de las lágrimas, y la guerra entre Rusia y Ucrania agravaron la crisis energética a nivel mundial, haciendo que el ajuste de precios del año pasado quede pequeño.
Por ende, el viernes 18 de septiembre del 2026, Rodrigo Paz anunció el fin de la subvención al diésel, a partir de esa fecha el precio sería de Bs. 18 por litro. Las reacciones no se dejaron esperar, desde los viejos carroñeros de la política, entre ellos, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, hasta los piratas del asfalto de la COB y las pandillas lideradas por Evo Morales.
¿Lo bueno y lo malo de la medida?
Es positivo que se busque reducir el derroche del Estado. Lo negativo es la verborrea de Rodrigo Paz, pues el mandatario, en un intento desesperado de no perder popularidad, ofreció usar el dinero de la subvención en educación, salud y bonos. Una total irresponsabilidad, puesto que lo que se debe hacer es dejar de gastar, y punto.
¿Tenemos algo que aprender del desastre que estamos viviendo?
Que la oferta de un Estado Benefactor es electoralmente rentable en el corto plazo, pero en el largo plazo nos condena a la miseria y la pobreza. Además, si en países como Estados Unidos y Alemania generó una deuda que, en promedio, alcanza al 110% del PIB, ¿qué le hace pensar que en países de gelatina como Bolivia puede funcionar?
Frederic Bastiat, en el siglo 19, decía: «el Estado es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo busca vivir a expensas de todos los demás». Además, advirtió que esa ficción siempre terminaría mal. Viendo la realidad de Bolivia, simplemente, nos toca decir: «¡vaya qué tenía razón!».
