La senadora Celeste Amarilla respaldó los pedidos de informes dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP), pero pidió prudencia en el tratamiento parlamentario de las cuestiones relacionadas con el sistema financiero. Durante su intervención en la Cámara Alta, sostuvo que la fiscalización es necesaria, aunque advirtió que el Congreso debe evitar que las investigaciones se conviertan en una disputa política o empresarial entre entidades financieras antes de contar con información oficial del organismo regulador.
“Lo primero que se me ocurrió con este pedido de informe es, por favor, prudencia”, manifestó Amarilla al iniciar su exposición. La legisladora consideró que el sistema financiero exige un análisis especialmente cuidadoso debido al impacto que pueden tener las decisiones y acusaciones vinculadas a bancos y otras entidades, por lo que, a su criterio, no corresponde arribar a conclusiones anticipadas sin conocer previamente los datos proporcionados por el BCP.
La senadora señaló que está a favor de que el Congreso ejerza su función de control y solicite toda la información necesaria para esclarecer las operaciones del sector, pero remarcó que el objetivo debe ser conocer cómo funciona el sistema y no profundizar enfrentamientos entre grupos empresariales o sectores de poder. En ese sentido, sostuvo que parte de la discusión actual estaría atravesada por una disputa de intereses dentro del propio sistema financiero. “Acá hay una lucha bancaria y política entre los bancos”, afirmó.
Ante este escenario, Amarilla planteó que cualquier investigación debe abarcar a todas las entidades bajo parámetros similares. “Si vamos a revisar, vamos a revisar todo”, sostuvo, al explicar que no considera conveniente concentrar la atención exclusivamente en una institución cuando existen interrogantes que podrían involucrar a distintos actores del mercado.
La senadora confirmó que acompañó el pedido promovido por Colym Soroka sobre Sudameris y que también se adhirió al proyecto de mayor alcance presentado por Líder Amarilla. Explicó que, si existen dudas sobre operaciones financieras, procesos de fusión, colocación de fondos públicos o decisiones regulatorias, corresponde que el Banco Central proporcione información que permita determinar cómo fueron tratadas esas situaciones y si se aplicaron los mismos criterios a las diferentes entidades.
Uno de los puntos que Amarilla puso especialmente sobre la mesa fue el manejo de los recursos públicos depositados en bancos privados. Según la senadora, buena parte de la disputa que actualmente se desarrolla alrededor del sistema financiero tiene como trasfondo el interés por captar y administrar el dinero del Estado. “La pelea es por la plata del Estado”, afirmó.
En su opinión, los pedidos de informes deberían servir precisamente para determinar cómo se distribuyen esos recursos entre las entidades financieras, cuáles son las condiciones de las colocaciones y qué criterios se utilizan para decidir dónde terminan los fondos públicos. Para ello, consideró fundamental que el BCP ejerza plenamente su función como organismo técnico y supervisor del sistema. “Que el Banco Central haga su trabajo y nos muestre”, expresó.
Amarilla también mencionó como un asunto que merece mayor transparencia la cesión de créditos comerciales entre entidades financieras. Se refirió a situaciones en las que operaciones que inicialmente son presentadas al cliente como una financiación otorgada por determinada empresa pueden terminar posteriormente en manos de un banco mediante una cesión de crédito. A su criterio, este tipo de mecanismos debería ser explicado con claridad para que los consumidores conozcan quién termina administrando sus obligaciones financieras y bajo qué condiciones.
La senadora, sin embargo, recordó que la tarea de fiscalización parlamentaria también tiene límites establecidos por la legislación. En particular, mencionó el secreto bancario y señaló que determinados datos sensibles no necesariamente pueden ser expuestos públicamente, aunque sí podrían ser examinados por los legisladores mediante mecanismos reservados cuando corresponda.
“Necesitamos saber qué hace cada banco”, afirmó Amarilla, al resumir su postura. Su intervención apuntó así a respaldar una revisión amplia del sistema financiero y de las operaciones que involucran recursos públicos, pero bajo un criterio uniforme y con información proporcionada por el organismo regulador. Para la senadora, el desafío consiste en garantizar el control parlamentario sin permitir que una investigación sobre el sistema termine convertida en una pelea política o empresarial entre entidades financieras.
