La acusación contra COSCO abre una discusión que va mucho más allá de una empresa naviera y coloca nuevamente en el centro del debate la particular relación entre las compañías chinas, el Estado y la seguridad nacional de Beijing. Según funcionarios de alto rango de la administración estadounidense citados por Reuters, buques de la estatal COSCO habrían utilizado equipos ocultos y sofisticados para captar señales de comunicaciones militares cerca de las costas de países considerados estratégicamente relevantes, entre ellos Estados Unidos.
La denuncia sostiene que no se trataría de equipos de comunicación convencionales utilizados para la navegación o la operación comercial de los barcos, sino de plataformas destinadas a la recolección de inteligencia de señales. De acuerdo con esas fuentes, la tecnología permitiría interceptar comunicaciones de buques y aeronaves que operan en zonas de Europa, Norteamérica y Asia, además de obtener información sobre tecnologías de comunicaciones militares y la evolución de sistemas de cifrado.
El alcance potencial de esa actividad explica por qué el caso genera preocupación en Washington. La información obtenida no tendría únicamente valor para conocer qué comunicaciones utilizan las fuerzas armadas extranjeras. También podría proporcionar a Beijing una visión más amplia de determinados corredores marítimos, rutas estratégicas y movimientos de unidades militares. Según las fuentes citadas por Reuters, esos datos podrían ser utilizados para reforzar la posición china en disputas territoriales y para mejorar sus capacidades de reconocimiento marítimo y alerta temprana frente a objetivos militares extranjeros.
La hipótesis tampoco aparece completamente aislada dentro de las evaluaciones estadounidenses sobre el modelo chino de inteligencia. Un estudio del China Maritime Studies Institute del U.S. Naval War College publicado en abril de 2025 analizó la posibilidad de que el Ejército Popular de Liberación utilice las flotas pesqueras y comerciales chinas en tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El informe describió mecanismos mediante los cuales personal vinculado a inteligencia podría operar a bordo de embarcaciones comerciales en el extranjero. Sin embargo, una precisión resulta fundamental: ese estudio no afirmó específicamente que los buques de COSCO estuvieran involucrados en las operaciones ahora denunciadas.
El contexto legal chino agrega otra dimensión al análisis. La Ley de Inteligencia Nacional de China establece que organizaciones y ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado conforme a la ley. La misma legislación contempla que los organismos de inteligencia puedan establecer relaciones de cooperación con organizaciones y requerir apoyo cuando sea necesario.
Eso no significa, por sí solo, que toda empresa china esté realizando tareas de espionaje ni constituye una prueba de que COSCO haya utilizado sus buques para interceptar comunicaciones militares. Pero sí explica una de las principales preocupaciones de los gobiernos occidentales: la dificultad de establecer una separación absoluta entre las capacidades comerciales de determinadas compañías chinas y los intereses estratégicos del Estado.
En el caso de COSCO, además, existe un elemento institucional que Washington ya había señalado antes de estas acusaciones. En enero de 2025, el Departamento de Defensa de Estados Unidos incorporó a China COSCO Shipping Corporation Limited, COSCO Shipping (North America) y COSCO Shipping Finance a su lista de empresas chinas vinculadas al ámbito militar bajo la sección 1260H. La inclusión refleja la evaluación estadounidense sobre posibles contribuciones de esas compañías a la estrategia china de integración entre capacidades civiles y militares.
La designación, sin embargo, no equivale a una sanción económica general ni significa que todas las operaciones comerciales de la empresa estén prohibidas. Su impacto inmediato es principalmente reputacional y regulatorio, aunque puede generar restricciones específicas para contrataciones y aumentar el escrutinio sobre sus actividades. COSCO, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que sus equipos a bordo cumplen funciones comerciales legítimas relacionadas con navegación, comunicaciones y seguridad. La compañía también ha negado que sus sistemas sean utilizados para recolección de inteligencia o vigilancia militar.
El problema para Estados Unidos es que COSCO no es un actor marginal del comercio marítimo. Su presencia está profundamente integrada en las cadenas logísticas internacionales y mantiene vínculos con infraestructura portuaria estadounidense. Existen participaciones y empresas conjuntas relacionadas con terminales en puertos como Los Ángeles, Seattle y Long Beach, entre otros puntos de la red marítima estadounidense. Un informe del Congreso estadounidense ha señalado la presencia de COSCO y otras empresas estatales chinas en distintos puertos estratégicos.
Ese nivel de integración convierte cualquier respuesta en un problema mucho más complejo que simplemente prohibir el acceso de una compañía. COSCO transporta mercancías, conecta cadenas de suministro y participa en infraestructura portuaria que forma parte del funcionamiento cotidiano del comercio estadounidense. Reducir su presencia podría tener consecuencias económicas y logísticas que Washington debería evaluar junto con los riesgos de seguridad.
Aquí aparece la verdadera tensión del caso. Por un lado, Estados Unidos enfrenta la posibilidad de que una infraestructura comercial pueda ser utilizada para obtener información estratégica. Por otro, esa misma infraestructura es demasiado importante para el comercio como para ser retirada sin consecuencias. La cuestión, por tanto, no es únicamente si un buque puede recopilar información, sino hasta qué punto una potencia puede utilizar activos comerciales globales como una extensión de sus capacidades estratégicas sin que sus socios puedan detectarlo o responder.
El caso COSCO también plantea una pregunta más amplia sobre la naturaleza del poder chino. Durante décadas, la globalización permitió separar relativamente las actividades comerciales de las militares. El modelo chino, según las preocupaciones expresadas por Washington, dificulta esa separación. Un buque diseñado para transportar contenedores puede convertirse potencialmente en una plataforma de observación; una empresa portuaria puede adquirir conocimiento sobre rutas y flujos comerciales; y una red logística puede proporcionar información de valor estratégico.
Por eso, la discusión sobre COSCO no debería reducirse a determinar si existe o no un supuesto “barco espía”. El asunto de fondo es mucho más amplio: cómo proteger las comunicaciones y la infraestructura estratégica sin desarticular las cadenas comerciales que dependen de empresas globales con vínculos con Estados considerados rivales estratégicos.
Las acusaciones estadounidenses todavía requieren pruebas públicas que permitan establecer con precisión qué equipos habrían sido utilizados, en qué buques, contra qué objetivos y bajo qué instrucciones. COSCO y Beijing rechazan las acusaciones. Pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa una vulnerabilidad que Washington viene señalando desde hace años: en una economía globalizada, la frontera entre una plataforma comercial y una herramienta de inteligencia puede ser mucho más difícil de distinguir de lo que parece.
