El Gobierno tiene que entender algo fundamental: si cede ante la presión de SINAMED, el problema no va a terminar con los médicos. Apenas va a comenzar.
Si un sector puede paralizar un servicio esencial, presentar una amenaza de renuncias masivas y conseguir que el Estado ceda por temor a las consecuencias, mañana serán otros los que descubran que esa fórmula también funciona.
El Estado no puede gobernar bajo extorsión. Tiene que garantizar la salud pública, proteger a los pacientes y, al mismo tiempo, hacer respetar las reglas y los límites institucionales.
Si los médicos consideran que sus condiciones son inaceptables y deciden renunciar, que el Gobierno acepte las renuncias y proceda conforme a la ley, garantizando la continuidad de los servicios y buscando alternativas para proteger a los ciudadanos.
Porque si ante la primera amenaza de colapso el Gobierno retrocede, el mensaje será devastador: en Paraguay, quien tenga capacidad de paralizar un servicio esencial tendrá la capacidad de imponer sus condiciones.
Y cuando esa lógica se instala, después resulta muy difícil sacarla. Hoy son los médicos. Mañana puede ser cualquier otro sector.
Un país serio no puede funcionar a base de amenazas, presión y concesiones de último momento. El Estado debe recuperar autoridad, hacer cumplir las reglas y demostrar que el interés general está por encima de cualquier grupo de presión. Porque si empezamos a aceptar que quien amenaza con irse obtiene lo que pide, Paraguay corre el riesgo de convertirse simplemente en “un país más” de la región, donde la fuerza de presión termina imponiéndose sobre la institucionalidad.
La salud de los paraguayos no puede convertirse en moneda de cambio. Y el Estado no puede renunciar a gobernar.
