Mientras buena parte del mundo seguía concentrada en las tensiones comerciales y geopolíticas con Pekín, China puso en vigor una de las leyes más controvertidas de los últimos años. Se trata de la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, una norma presentada oficialmente como un instrumento para fortalecer la cohesión nacional entre los 56 grupos étnicos reconocidos por el Estado chino. Sin embargo, detrás de ese objetivo declarado se esconde un aspecto que ha despertado preocupación en gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos: su pretensión de proyectar el poder del Estado chino más allá de sus propias fronteras.
La legislación, vigente desde el 1 de julio, consolida como política de Estado el concepto de la «comunidad de la nación china», impulsando una mayor integración cultural bajo la identidad promovida por el Partido Comunista. Entre otras medidas, fortalece el uso obligatorio del mandarín, promueve la educación patriótica, amplía las políticas de integración de las minorías y profundiza la denominada «sinización» de las religiones.
Pero el punto que encendió las alarmas internacionales es una cláusula que permite responsabilizar legalmente a personas u organizaciones ubicadas fuera del territorio chino cuando las autoridades de Pekín consideren que promueven el separatismo o atentan contra la denominada «unidad étnica».
El viceministro de Justicia de China, Hu Weilie, defendió la disposición asegurando que se ajusta al derecho internacional y que no pretende afectar el intercambio académico, comercial o cultural con otros países. No obstante, la sola posibilidad de que un Estado reclame jurisdicción sobre ciudadanos, periodistas, académicos o activistas que viven en el extranjero constituye un precedente que trasciende el debate interno chino.
El principio de territorialidad ha sido uno de los pilares sobre los que se ha construido el derecho internacional moderno. La idea de que un gobierno pueda perseguir legalmente a personas fuera de sus fronteras por expresar opiniones, participar en organizaciones o defender determinadas posiciones políticas plantea un desafío directo al orden jurídico internacional y a la soberanía de otros Estados.
Las objeciones no provienen únicamente de gobiernos occidentales.
Human Rights Watch calificó la dimensión extraterritorial de la norma como una forma de «represión transnacional», al advertir que el objetivo es extender el control político de Pekín sobre las comunidades de la diáspora, especialmente uigures, tibetanos y otros grupos minoritarios que residen fuera de China.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación porque la ley podría restringir aún más las libertades culturales, lingüísticas y religiosas de las minorías étnicas, formalizando políticas de asimilación que ya venían siendo objeto de cuestionamientos internacionales.
El Parlamento Europeo también manifestó que la norma profundiza la política de asimilación cultural y resulta incompatible con los compromisos internacionales asumidos por China en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Unión Europea rechazó expresamente cualquier intento de aplicar legislación china dentro del territorio europeo y recordó que las normas nacionales no pueden imponerse extraterritorialmente en contradicción con el derecho internacional.
En la misma línea, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que la ley podría utilizarse para intimidar a ciudadanos y residentes fuera de China, comprometiéndose a proteger a quienes sean objeto de presiones o amenazas derivadas de esta legislación.
Aunque la ley alcanza formalmente a las 55 minorías étnicas reconocidas por el Estado chino, la atención internacional se concentra especialmente en los uigures, los tibetanos y los mongoles, comunidades que durante los últimos años han denunciado restricciones al ejercicio de su identidad cultural, religiosa y lingüística.
La nueva legislación es vista por numerosos especialistas como un paso adicional hacia la institucionalización de políticas de integración forzada y mayor control ideológico, reforzando mecanismos de vigilancia y limitando los espacios para la preservación de identidades culturales diferenciadas.
Otro de los aspectos más relevantes de esta Ley, es que todos aquellos que apoyen la autodeterminación de Taiwán, sean o no taiwaneses, corren el riesgo, de ser capturados y extraditados a la China comunista por «romper la unidad étnica de China» al brindar apoyo a los «separatistas».
Un desafío para las sociedades abiertas
Más allá del debate específico sobre China, la cuestión de fondo trasciende a un solo país. Si una potencia puede atribuirse la facultad de perseguir jurídicamente a personas que viven bajo la jurisdicción de otros Estados por expresar determinadas ideas o posiciones políticas, el principio mismo de soberanía nacional comienza a erosionarse.
Las democracias liberales han construido durante décadas un sistema basado en la libertad de expresión, el pluralismo político y la protección frente a la persecución estatal por razones ideológicas. Cualquier intento de extender el alcance de una legislación nacional para limitar esos derechos fuera de las propias fronteras representa un precedente que merece una respuesta firme.
El silencio frente a este tipo de iniciativas no solo afecta a las minorías étnicas involucradas. También envía el mensaje de que las fronteras jurídicas pueden ser reemplazadas por fronteras ideológicas, donde un Estado pretende decidir qué puede decir, pensar o defender una persona incluso cuando vive bajo las leyes de otro país.
Precisamente por ello, la controversia generada por esta legislación no debería ser vista como un asunto exclusivamente chino. Se trata de un debate que interpela a todas las sociedades que defienden el Estado de derecho, la libertad individual y la soberanía nacional frente a cualquier intento de expandir el poder político más allá de sus límites territoriales.
