Por Octavio McFarlane
Durante años se enseñó en las facultades de periodismo que una información debía ser verificada antes de ser publicada. Hoy, en cambio, parece imponerse una nueva regla: publicar primero, viralizar después y guardar silencio si la mentira es descubierta.
La verdad ha dejado de ser una prioridad para muchos comunicadores y medios. Lo importante ahora son los clics, las reproducciones, los «likes», los comentarios y la capacidad de instalar una narrativa, aunque posteriormente se demuestre que era falsa.
Los casos recientes son una radiografía perfecta de esta degradación.
En Argentina, una conductora de Luzu TV, Florencia Peña, afirmó la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi se había muerto. La información recorrió redes sociales, generó miles de reacciones y provocó angustia innecesaria a la familia del astro argentino que tuvo que salir públicamente a desmentir algo que jamás ocurrió.
En Paraguay, el periodista deportivo Dani Maciel de Radio Ñandutí instaló una versión sobre un supuesto estado anímico delicado de Matías Galarza. La historia se difundió, se debatió y se convirtió en tema de conversación en un momento en el que todas las energías de los jugadores de la Albirroja deben estar puestas en el próximo partido. Después llegaron las aclaraciones y los desmentidos. Como ocurre casi siempre, la rectificación tuvo mucho menos alcance que la noticia falsa.
Pero el problema adquiere una dimensión todavía más grave cuando la desinformación deja de ser una simple irresponsabilidad individual y pasa a convertirse en una herramienta de presión política y empresarial.
Eso es precisamente lo que quedó expuesto con la licitación de televisión digital terrestre impulsada por la Conatel. Durante semanas, una parte importante del ecosistema mediático paraguayo presentó como un hecho consumado que el proceso estaba supuestamente direccionado para beneficiar a un grupo empresarial cercano al Gobierno. Editoriales, programas de televisión, espacios radiales, columnas de opinión y publicaciones digitales repitieron una misma narrativa: que todo estaba arreglado de antemano para favorecer a un grupo empresarial específico.
Sin embargo, ocurrió algo que destruyó completamente la post verdad: apareció un solo oferente. Nadie se presentó. La licitación fue declarada desierta. Y con ello se derrumbó el castillo de acusaciones, especulaciones y sospechas que determinados medios y actores políticos como Rafael Filizzola, habían construido durante meses.
La pregunta es inevitable: ¿quién se hace responsable cuando una acusación presentada como verdad termina demostrando no tener sustento? Porque no estamos hablando de errores menores. Estamos hablando de medios con enorme capacidad de influencia sobre la opinión pública. Estamos hablando de empresas periodísticas que exigen transparencia a todos los sectores, pero que rara vez aplican el mismo estándar cuando se equivocan.
Los hechos terminaron golpeando directamente la credibilidad de los medios que impulsaron esa narrativa, entre ellos ABC Color y otros medios vinculados al Grupo Zuccolillo, Telefuturo y otros medios del Grupo Vierci, además de SNT y Radio Ñandutí, que dieron amplia cobertura a denuncias y cuestionamientos que finalmente quedaron sin correlato en la realidad de los hechos.
Lo más preocupante es que este fenómeno ya no parece responder únicamente a criterios periodísticos. Cada vez resulta más evidente que detrás de muchas campañas informativas existen intereses empresariales en disputa.
Los grandes conglomerados mediáticos ya no actúan solamente como observadores de la realidad. En ocasiones participan activamente en las batallas por el poder económico, político y comercial.
Y cuando eso ocurre, la información deja de ser información para transformarse en un arma.
Un titular puede servir para presionar. Una denuncia puede servir para desgastar. Una sospecha puede servir para condicionar. Una noticia falsa puede servir para destruir reputaciones.
La lógica es sencilla: instalar primero, comprobar después. Si la historia funciona, genera impacto. Si se demuestra falsa, la rectificación nunca llega y el daño ya está hecho.
Tal vez sea momento que los ciudadanos hagamos uso del derecho que nos otorga la Constitución Nacional: acceder a información veraz y verificada y si no, exigir y apuntar con la misma dureza con la que algunos políticos, medios y periodistas que nos la provean o mejor aún cambiar de medio e ir con algunos más responsables.
