La Corte Suprema de Justicia puso punto final a uno de los debates institucionales más controvertidos de los últimos años al rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra la resolución que dispuso su pérdida de investidura en la Cámara de Senadores.
Con una mayoría contundente de seis votos contra tres, la máxima instancia judicial confirmó la validez del procedimiento adoptado por el Senado, consolidando una posición que, desde el punto de vista jurídico, deja sin margen de discusión la legalidad de la decisión parlamentaria.
Los ministros Miguel Rodas, Esteban Kriskovich, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel votaron por el rechazo de la acción. En minoría se pronunciaron Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia, quienes se inclinaron por la admisión del planteamiento.
El núcleo de la controversia giraba en torno a la mayoría necesaria para aprobar una pérdida de investidura. La Corte concluyó que, al momento de la expulsión de González, ocurrida el 14 de febrero de 2024, no se encontraba vigente la Resolución N.º 429/2023, mediante la cual el Senado había modificado su reglamento interno para elevar la cantidad de votos requeridos para aplicar esa sanción.
Los ministros sostuvieron que dicha modificación reglamentaria resultaba incompatible con la Constitución Nacional, por lo que no podía prevalecer sobre el mandato constitucional. En consecuencia, determinaron que el único mecanismo válido era y continúa siendo el previsto por la propia Carta Magna: la aprobación por mayoría simple de votos cuando la Constitución no exige expresamente una mayoría especial.
La decisión de la Corte coincide con el criterio sostenido previamente por la asesoría jurídica de la Cámara de Senadores, que el 17 de julio de 2024 emitió un dictamen favorable a la actuación del pleno. Aquel informe concluyó que la pérdida de investidura se ajustó plenamente al orden constitucional vigente.
El análisis jurídico se apoyó en varios artículos fundamentales de la Constitución Nacional. Entre ellos, el artículo 3, que consagra la independencia de los poderes del Estado; el artículo 137, que establece la supremacía constitucional y declara inválidos los actos contrarios a la Carta Magna; el artículo 256, que obliga a fundamentar las decisiones judiciales en la Constitución; y el artículo 260, que define las competencias de la Sala Constitucional.
La controversia se originó tras la aprobación, en la última sesión de 2023, de una modificación del reglamento interno del Senado que elevó la mayoría requerida para destituir a un legislador. Sin embargo, los argumentos que finalmente prevalecieron sostienen que ninguna norma reglamentaria puede alterar el sistema de mayorías previsto por la Constitución.
Con este fallo, la Corte Suprema no solo rechaza la pretensión de la exlegisladora, sino que además reafirma el principio de supremacía constitucional y delimita con claridad el alcance de los reglamentos internos de los órganos legislativos. La resolución constituye un pronunciamiento definitivo de la máxima autoridad judicial del país y fortalece la interpretación según la cual ninguna disposición reglamentaria puede modificar requisitos que emanan directamente de la Constitución Nacional.
De esta manera, la discusión jurídica sobre la pérdida de investidura de Kattya González queda sustancialmente zanjada por la instancia competente para interpretar la Constitución, consolidando un precedente de alto impacto institucional sobre el régimen de mayorías y el funcionamiento del Poder Legislativo.
