El diputado abdista estuvo involucrado en el accidente ocurrido el 16 de mayo en Asunción. La víctima falleció tras permanecer 11 días internada y ahora también surgen interrogantes sobre el procedimiento policial inicial.
La muerte de Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, cambió radicalmente el rumbo de la investigación que involucra al diputado colorado abdista Mauricio Espínola. Lo que inicialmente fue comunicado por la Policía como un accidente de tránsito con daños materiales y lesiones, hoy es investigado por el Ministerio Público bajo la figura de homicidio culposo.
Benítez Chaparro falleció el pasado 27 de mayo en el Hospital del Trauma a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico sufrido durante el choque registrado el 16 de mayo en la intersección de la avenida Kubitschek y Cerro Corá, en Asunción. Según consta en la ampliación del informe remitido por la Comisaría 7ª Metropolitana, el deceso fue comunicado oficialmente a la Fiscalía tras la emisión del certificado médico de defunción.
A raíz de esa situación, la fiscala Mercedes Vera solicitó el cambio de carátula de la causa. “Con la ampliación de la nota de fecha 27 de mayo, nosotros solicitamos el cambio de carátula”, confirmó la representante del Ministerio Público.
El accidente involucró una camioneta Toyota Fortuner conducida por Espínola y una motocicleta Kenton GTR 150 guiada por Benítez Chaparro. El primer reporte policial señala que ambos circulaban por la zona cuando se produjo la colisión, que terminó con el motociclista gravemente herido y posteriormente internado en estado delicado.
Aunque el alcotest practicado al legislador arrojó resultado negativo, con un registro de 0,00 mg/L, la muerte de la víctima coloca ahora el caso en una dimensión penal mucho más compleja.
Sin embargo, más allá de la responsabilidad que eventualmente pueda determinar la Justicia, el expediente comienza a generar cuestionamientos por la forma en que se desarrollaron las actuaciones iniciales.
Fuentes vinculadas al caso sostienen que existen observaciones sobre el procedimiento realizado por agentes de la Comisaría 7ª de Asunción, debido a presuntas omisiones en el informe elaborado tras el accidente. Entre los puntos señalados figuran supuestas inconsistencias en la reconstrucción de los hechos, la pérdida de elementos considerados relevantes para la investigación y la ausencia de declaraciones de personas que habrían asistido a la víctima en los primeros minutos posteriores al choque.
Los cuestionamientos cobran relevancia porque el primer informe policial remitido a la Fiscalía derivó en la libre circulación inmediata del diputado y de la camioneta involucrada, mientras que la motocicleta quedó depositada en la sede policial.
Paralelamente, trascendió que Espínola habría colaborado con la asistencia médica del motociclista durante los días de internación y posteriormente con los gastos funerarios. También se menciona la existencia de un acuerdo firmado con familiares del fallecido, aspecto que forma parte del contexto del caso, aunque no extingue la acción penal en una investigación por homicidio culposo.
La Fiscalía aguarda ahora nuevas diligencias y la comparecencia de familiares de la víctima para avanzar en la investigación. Mientras tanto, la muerte de Benítez Chaparro no solo elevó la gravedad de la causa que involucra al legislador, sino que también abrió interrogantes sobre si todas las circunstancias del accidente fueron debidamente documentadas desde el primer momento.
A casi tres semanas del siniestro, el caso deja de ser únicamente un expediente de tránsito para convertirse en una investigación penal que podría derivar en responsabilidades tanto por el resultado fatal del accidente como por las actuaciones desarrolladas en las horas posteriores al hecho.
