La investigación sobre el presunto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos desviados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sumó un nuevo capítulo con una decisión judicial que impacta directamente a una de las principales entidades financieras del país. El juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú ordenó el embargo de USD 718.570 al Banco Atlas SA en el marco de la causa denominada “Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros s/lavado de dinero mayor a 750 jornales”.
La medida fue adoptada luego de la habilitación de una cuenta judicial en dólares en el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde deberán ser depositados los fondos reclamados por la Justicia. La resolución responde a un requerimiento formulado por el Ministerio Público dentro de una investigación que apunta a la presunta participación de miembros de la cúpula directiva de la entidad bancaria en operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos vinculados al fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
En la comunicación oficial remitida al gerente general del Banco Atlas, Hernando Lesme Romero, el magistrado ordena el depósito de los USD 718.570 en un plazo de 48 horas, una vez notificada la apertura de la cuenta judicial habilitada para el resguardo de los fondos. La resolución también exige informar al juzgado sobre el cumplimiento de la medida dentro del mismo periodo.
La decisión judicial se produce poco más de un mes después de la acusación formal presentada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Según la tesis del Ministerio Público, la entidad financiera habría obtenido beneficios económicos derivados de operaciones que permitieron introducir en el sistema financiero recursos provenientes de fondos desviados de la matriz del fútbol sudamericano.
Los investigadores sostienen que parte de esos recursos fueron colocados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y posteriormente utilizados en estructuras fiduciarias que habrían contribuido a ocultar el origen de los fondos. La Fiscalía considera que dichas operaciones generaron ganancias para la entidad, motivo por el cual solicitó el embargo preventivo de una suma equivalente al supuesto beneficio obtenido.
La causa adquiere especial relevancia debido a la magnitud de los recursos involucrados y a las personas alcanzadas por la acusación. Entre los procesados figuran el presidente del directorio del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, así como los directivos Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Juan Miguel Páez Corvalán, quienes enfrentan un pedido de elevación de la causa a juicio oral y público.
Paralelamente, la Conmebol impulsa acciones para recuperar recursos que, según auditorías forenses independientes, habrían sido desviados durante la administración de Nicolás Leoz. La organización deportiva reclama aproximadamente USD 15 millones a la entidad bancaria, como parte de una estrategia orientada a restituir una porción de los cerca de USD 150 millones que, de acuerdo con las investigaciones, fueron sustraídos de la institución.
Otro elemento que generó atención dentro del proceso fue la propuesta realizada por el propio Banco Atlas de depositar los fondos reclamados en una cuenta administrada por la entidad. Los representantes legales de la parte acusadora interpretaron esta iniciativa como un reconocimiento implícito de la existencia de operaciones bajo cuestionamiento dentro de la estructura financiera investigada.
Mientras tanto, los fiscales han ratificado la solidez de las evidencias reunidas durante la investigación y mantienen su solicitud de medidas cautelares para los acusados. Entre ellas figuran elevadas fianzas económicas, la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales.
La resolución de embargo constituye uno de los avances más significativos registrados hasta ahora en una causa que combina elementos de criminalidad económica, sistema financiero y corrupción internacional, y que podría tener importantes consecuencias tanto para los involucrados como para el sector bancario paraguayo en caso de confirmarse las acusaciones durante las próximas etapas del proceso judicial.
