En una jugada a dos bandas que sacude el tablero geopolítico del Caribe, la Casa Blanca decidió apuntar contra la última gran figura histórica de la Revolución. Estados Unidos prepara el terreno judicial para imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en una maniobra que busca arrinconar definitivamente al gobierno comunista. La amenaza de los tribunales cae como una bomba en el momento más delicado del vínculo bilateral y expone la agresiva estrategia de asfixia y negociación que impulsa la administración de Donald Trump.
La filtración salió a la luz este jueves a través de la cadena CBS News. Según fuentes gubernamentales vinculadas al caso, la inminente acusación contra el hermano del fallecido Fidel Castro se centra en el polémico derribo de dos aviones civiles ocurrido en 1996, los cuales eran piloteados por militantes anticastristas. Hasta el momento, el Departamento de Justicia norteamericano optó por el silencio y evitó brindar comentarios oficiales sobre una medida que promete dinamitar los escasos puentes diplomáticos que quedan en pie.
Mientras en Washington afilan la espada judicial contra el líder, el director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó el mismo jueves en La Habana. Según confirmaron las propias autoridades isleñas, el jefe de la inteligencia norteamericana protagonizó una reunión con altos mandos del Gobierno, con el supuesto objetivo de generar un nuevo canal de diálogo político entre ambas naciones.
Toda esta ofensiva ocurre en medio de un escenario de colapso interno. La isla atraviesa apagones constantes producto del feroz bloqueo de combustible que ordenó Trump, un mandatario que repitió hasta el cansancio su intención de derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. La ironía del destino marca que ahora Washington busca enjuiciar justamente a Raúl Castro, el mismo dirigente que en 2015 supervisó el histórico acercamiento con Barack Obama que el actual presidente republicano se encargó de destrozar.
El asedio total de Estados Unidos no es casual y busca capitalizar la extrema vulnerabilidad de La Habana, que quedó huérfana de respaldo tras la reciente caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Ese ahogo sin precedentes forzó a Cuba a abrir la puerta para negociar el desembarco de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que ofreció el propio Departamento de Estado norteamericano, algo impensado años atrás.
El doble juego de Washington: dólares, presión y reformas
Frente a la oferta millonaria, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, blanqueó el sorpresivo cambio de postura y aseguró que están dispuestos a escuchar cómo se materializaría el rescate, priorizando la urgencia de conseguir alimentos, medicinas y combustible. Eso sí, el funcionario exigió que el salvavidas llegue «libre de maniobras políticas» y tildó de «incongruente» la actitud de un país que ofrece dinero mientras sostiene un castigo económico brutal contra la población.
Esta dinámica de presión y negociación muestra a una Casa Blanca decidida a avanzar frente a una isla en plena crisis. Trump lo explicitó antes de viajar a China, cuando afirmó de manera directa que el país caribeño «está fundido» y por eso busca auxilio. En la misma sintonía se expresó el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde Roma, el funcionario insistió en que ya canalizaron fondos a través de Cáritas y cuestionó al gobierno cubano por demorar la aceptación.
La asistencia de 100 millones de dólares conlleva una serie de condiciones establecidas por Washington: avanzar con reformas económicas estructurales y liberar a los detenidos por razones políticas. En este escenario, con la posibilidad de una imputación internacional contra Raúl Castro y la inusual visita del director de la CIA a La Habana, Estados Unidos intensifica su presión diplomática y judicial.
