El Tribunal de Cuentas Europeo encendió las alarmas sobre el uso de los fondos destinados a la recuperación tras la pandemia, al advertir serias deficiencias en la transparencia y el control del gasto dentro del mecanismo impulsado por la Unión Europea.
En un informe basado en auditorías realizadas en diez países, el organismo concluyó que existen dificultades significativas para rastrear el destino final de miles de millones de euros, lo que impide conocer con precisión quiénes fueron los beneficiarios reales, cuánto costaron los proyectos financiados y cuáles fueron sus resultados concretos.
La investigación, liderada por la auditora Ivana Maletić, también reveló una marcada disparidad entre los Estados miembros a la hora de proporcionar información. Mientras algunos gobiernos entregaron datos de manera parcial y solo tras reiterados pedidos, otros mostraron escasa cooperación. Casos como Francia y Alemania fueron señalados por dificultades en el acceso a documentación, mientras que incluso Países Bajos demoró en revelar información detallada sobre los costos reales de ciertos proyectos.
Uno de los principales cuestionamientos del informe apunta al modelo de gestión adoptado por la Comisión Europea, que optó por un sistema de financiación basado en el cumplimiento de objetivos, sin exigir una justificación detallada de los gastos. Según los auditores, este esquema limita el control sobre el uso efectivo de los recursos y dificulta la trazabilidad del dinero público.
El tribunal advierte que esta metodología podría abrir la puerta a irregularidades, ya que en muchos casos solo se identificó a los principales receptores institucionales sin claridad sobre el destino final de los fondos transferidos posteriormente a empresas privadas.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber quién recibe el dinero público y en qué se gasta realmente”, sostuvo Maletić, al remarcar que la falta de transparencia puede afectar la confianza en las instituciones europeas.
El informe llega en un momento clave, cuando la Unión Europea discute su próximo presupuesto plurianual y analiza la posibilidad de extender este modelo de financiamiento a nuevas áreas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas se opone a esa iniciativa y advierte que replicar este sistema en sectores como la agricultura o los fondos de cohesión podría aumentar los riesgos de uso indebido de recursos.
El fondo de recuperación, creado tras la crisis sanitaria del COVID-19, movilizó alrededor de 577.000 millones de euros entre subsidios y préstamos, destinados principalmente a proyectos de digitalización y transición ecológica. No obstante, algunos programas ya generaron controversias en países como Italia, donde ciertos incentivos llegaron a cubrir incluso más del costo total de las obras.
Ante este panorama, el organismo fiscalizador insiste en que las debilidades detectadas deben ser corregidas y no convertirse en el modelo estándar para la gestión de los recursos europeos en el futuro.
